MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Amigos de La Cornisa-Vistillas ha manifestado este viernes a través de un comunicado su "indignación" con el Ayuntamiento de Madrid, después de que la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, anunciara en el último Pleno municipal que se recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró ilegal el proyecto del mini-Vaticano.
Los vecinos han criticado al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por "escapar continuamente a la legalidad, ignorando cualquier control externo a sus actividades". "Hacen lo que les parece sin someterse a ninguna supervisión ajena a su equipo", han lamentado.
Así, abocan a las asociaciones vecinales a "ejercer una función supletoria de las labores propias del Ayuntamiento, como son todos los mecanismos de control y protección del dominio público y el patrimonio histórico y verde" a través de su recurso a los tribunales, lo que conlleva "grandes gastos difíciles de sufragar".
Tras declararse "irritados" con este tipo de situaciones y a pesar de la desventaja en que dicen encontrarse, la Asociación ha recordado que ya han conseguido dos sentencias judiciales favorables, y han reconocido "no comprender qué intereses motivan al equipo de Gobierno a no acatarlas".
"¿Qué les pesa más que las decisiones de los tribunales, en una operación que no beneficia manifiestamente en ningún aspecto a la ciudad de Madrid y sí, por contra, a una entidad privada? ¿Qué pactos inquebrantables esconden bajo la mesa para no acatar lo que es de ley?", se han preguntado.
A renglón seguido, han afirmado que el Ejecutivo local "no reconoce ninguna autoridad que no sea la propia, desdeñando sistemáticamente cualquier objeción e osando interponer, como es el caso, un recurso de casación cuyo gasto repercute una vez más en el maltrecho erario público a pesar de tener dos sentencias en contra". "Nos indigna", han resumido.
"Como ciudadanos nos preocupa ver cómo un equipo municipal que ha hipotecado todos los recursos económicos por varias generaciones sigue generando gastos públicos para defender posturas que son claramente ilegales. Por ello, exigimos que cumplan la legalidad y acepten lo dispuesto por el TSJM", han concluido.
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