MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La organización de consumidores OCU solicita que la Comisión Europea (CE) tenga potestad para poner sanciones económicas a los fabricantes que intenten evadir las reglas europeas de homologación de los vehículos y pide al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que apoye una mayor supervisión en las pruebas de homologación y supervisión de los vehículos.
La OCU indicó que este lunes se celebra en el Consejo Europeo una reunión sobre competitividad en la que se hablará de los requisitos en homologación y supervisión del mercado de vehículos y apuntó que los últimos escándalos sobre emisiones han evidenciado "numerosas debilidades" en el tipo de homologación en Europa y del régimen actual de vigilancia.
"Desde la asociaciones de consumidores europeas se considera que, para evitar otro escándalo automovilístico, es esencial que la Unión Europea afronte estas debilidades, ponga de lado los intereses nacionales y abogue por un tipo de homologación y un sistema de supervisión que funcionen para los consumidores", añadió.
En esta línea, las organizaciones demandan al Consejo Europeo que establezca un objetivo cuantificable y vinculante para la supervisión del mercado, que debe estar en línea con la propuesta del Parlamento Europeo de testar un 20% de los coches nuevos que lancen cada año.
Asimismo, defienden que la CE tenga un papel "fuerte" como supervisor de dichas pruebas sobre los vehículos, así como que tenga potestad para poner multas a todos aquellos que cometan alguna infracción en este asunto.
De esta forma, piden que la CE pueda imponer multas de hasta 30.000 euros por cada vehículo que no cumpla con la normativa y afirmaron que, en caso de que no se permitan estas sanciones, significaría que las actividades de la Comisión serían "insignificantes".
Igualmente, las organizaciones de consumidores abogan por que los resultados de los test y los informes sobre las emisiones sean públicos, así como que se eliminen los posibles conflictos de intereses entre los laboratorios y las entidades de homologación y los fabricantes de vehículos.
En este sentido, apuntan que se debe garantizar que los consumos de combustible y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se ofrezcan son representativos de unas condiciones reales de conducción de los automóviles.
