SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra anunció hoy que recurrirán la resolución del Tribunal Galego de Defensa de la Competencia (TGDC), que dictó una sanción de 75.000 euros a esta asociación por recomendar precios a sus miembros y de 518.000 euros a diversas autoescuelas del sur de la provincia -que examinan en Vigo- por concertar precios en el permiso de conducir tipo B.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Antonio Bugallo, explicó que están "en desacuerdo" con esta resolución porque "está basada en indicios". "No recomendamos precios, creo que no se ha podido demostrar esto, pues cada miembro pone el que le parece bien", aseguró.
Así, indicó que "el mercado es el que tiende a igualar los precios", pues si el de un asociado es más caro probablemente el cliente vaya al que es más barato, lo que "lleva a equilibrar las tarifas". "Aún así hay diferencias en los precios entre los asociados", afirmó.
Antonio Bugallo espera que la Justicia les dé la razón y recuerda que sólo están afectados 40 de los más de 200 socios. No obstante, critica que la resolución obligue a pagar la sanción antes de recurrir -con la posibilidad de devolverles el dinero- y lamenta "el daño a la imagen" del sector que provoca esta resolución.
El TGDC considera acreditada la existencia de la recomendación colectiva de precios de la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra, a la que multó con 75.000 euros, así como la existencia de concertación para fijar precios por parte de varias autoescuelas del sur de Pontevedra, a las impulso sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros, por importe total de 518.000.
AFECTA A LOS CONSUMIDORES.
Tanto la recomendación como la concertación de precios entre competidores son de las infracciones más graves a la competencia por afectar de manera sensible a los consumidores, que se ven privados de poder elegir con libertad en el mercado, en este caso, el servicio para obtener el permiso de conducir, que constituye un instrumento esencial en la vida laboral y social actual, según el TGDC.
Los hechos tienen su origen en la denuncia presentada el 5 de febrero de 2004 por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que remitió un escrito a la Dirección General de la Competencia del Ministerio de Economía, en la que comunicaba un posible acuerdo de precios entre las autoescuelas que realizaban sus exámenes en Vigo, según se recogía en diversas noticias de prensa publicadas en aquellas fechas.
Con la entrada en funcionamiento de los órganos autonómicos de defensa de la competencia en Galicia, creados por la Lei 6/2004, del 12 de julio, y en el marco de lo establecido por la normativa, el asunto fue remitido al Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC), que asumió el expediente desde finales de 2005.
