MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, asistió el pasado 21 de octubre en Lleida (Cataluña) a la reunión de la Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se trataron temas relacionados con las TIC que afectan directamente a los ayuntamientos y a los ciudadanos, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

En concreto, entre los asuntos tratados destacó un escrito dirigido a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) respecto a la explotación de redes WiFi por parte de los ayuntamientos, financiadas en todo o en parte con fondos públicos, un aspecto sobre el que se decidió realizar el seguimiento del escrito dirigido a la CMT para aclarar este asunto y tomar las acciones oportunas en cada municipio.

Asimismo, los asistentes abordaron el convenio que la FEMP y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tienen suscrito y que finaliza este año, y que tiene como objetivo el soporte, difusión, formación y mantenimiento de los aplicativos desarrollados en la plataforma tecnológica de Avanza Local Soluciones. Así, la FEMP y el Ministerio firmarán un nuevo convenio que persigue la continuidad del anterior y cuyo plazo es 2009/2010.

Igualmente, la Comisión informó sobre las novedades del Servicio de Asesoramiento Técnico e Información sobre implantación de infraestructuras de radiocomunicación (SATI) que la FEMP mantiene desde 2007. Como novedad, se ha editado una guía de servicios y un tríptico con las preguntas más frecuentes sobre aspectos técnicos, normativos y sanitarios, que está a disposición de ayuntamientos y ciudadanos, a través de la web de la FEMP 'http://www.femp.es'.

Otros asuntos, como la participación de la Comisión en la elaboración del Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad que desarrollan algunos artículos de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que es una ley que entra en vigor el día 1 de enero de 2010 y que obliga a los ayuntamientos a prestar servicios de forma telemática a sus ciudadanos.

Respecto a esta ley se planteó la necesidad de crear un grupo de trabajo específico para analizar la puesta en marcha de la misma en todos los ayuntamientos y crear un documento que permita a cada ayuntamiento, a través de los indicadores oportunos, medir su nivel de adecuación y cumplimiento de la ley, y, de esta manera, poder analizar de forma global la situación de la Administración Electrónica en España.