MURCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura y Agua, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región, ha realizado una auditoría energética a siete edificios de la administración que ha demostrado que podrían ahorrar cada año, en su conjunto, unos 180.000 euros en factura eléctrica y reducir las emisiones en más de 1.200 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En concreto, las auditorias realizadas han dado a conocer la situación energética actual de el Consejo Económico y Social (CES); el Instituto de Fomento (INFO); la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración; el edificio Foro en Cartagena; el Centro Ocupacional de Canteras; el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón y Cajal de Murcia y el centro de salud de Alcantarilla.

Estas auditorías "marcan las estrategias a seguir para usar la energía de forma racional y optimizar este recurso sin apenas inversión", según informó en rueda de prensa el consejero del ramo, Antonio Cerdá, quien compareció acompañado por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, José Antonio Galdón, y el coordinador de las auditorías, Francisco Fernández.

De hecho, Cerdá presentará estas medidas en el Consejo de Gobierno para instar a su adopción por parte de la administración autonómica, que "debe dar ejemplo de comportamiento ambiental responsable", según anunció el consejero durante el acto de entrega de diplomas a los encargados de las auditorías, alumnos de un curso de eficiencia energética del Colegio de Ingenieros Técnicos.

Para lograr este ahorro, Fernández apuntó algunas de las medidas a adoptar, como la mentalización del usuario, sobre el que recae la responsabilidad de poner en marcha estas medidas; implementar las tecnologías en las reformas que se puedan emprender para mejorar la eficiencia energética en inmuebles ya existentes; y exigencia en las nuevas construcciones para usar soluciones tecnológicas que permitan, desde el inicio, una correcta eficiencia energética.

Específicamente, resaltó cuatro parámetros entre las medidas a aplicar, como la inmediata posibilidad de negociar y contratar una tarifa eléctrica más adecuada a las necesidades del edificio, lo que "permite un ahorro de coste económico importante, aunque no repercute en la disminución de la emisión de dióxido de carbono".

Otro elemento importante es "la mejora de los sistemas de control de iluminación, bien en las lámparas o en las luminarias, que supone una disminución del presupuesto energético y de la vida de los materiales, e implica, esta vez si, una reducción de la factura eléctrica y de emisiones de CO2", matizó.

Por ejemplo, determinó que "existen formas de regular la iluminación, por ejemplo, el uso de la luz natural y su combinación con la luz artificial y tecnología de última generación. Asimismo, citó que la elección de las lámparas "es también fundamental para el rendimiento y, sobretodo, el mantenimiento de las luminarias, porque la presencia de suciedad o el depósito del polvo hace reducir hasta un 70 por ciento el rendimiento luminoso en la pantalla".

En este sentido, hizo referencia a los sistemas de regulación centralizados, que sirven para gestionar sistemas como la iluminación, el aire acondicionado o la seguridad, "hacen que sea muy rentable la posibilidad de un consumo más racional de todas las aplicaciones del edificio".

En lo que respecta a los sistemas informáticos, como los ordenadores o las impresoras, Fernández estimó que "representan el 15 por ciento de todo el consumo eléctrico de un edificio de la administración, y llevan una carga térmica importante".

Así, según el tipo de equipo del que se trate, se recomienda, tanto en los ordenadores como fotocopiadoras, "ponerles sistemas de eficiencia de consumo eléctrico, y parámetros de uso, como apagarlos al marcharse, usar la vista previa en la impresión, para no imprimir de forma inútil, o apagar la fotocopiadora cuando se marcha todo el mundo, si es colectiva".

En cuanto a la aplicación de un sistema de gestión centralizada, dijo que es muy apropiado en los edificios con horario muy limitado, como los de la administración, donde, cuando se acaba el horario de trabajo, se puede apagar totalmente los servicios de iluminación, calefacción y climatización, dejando la posibilidad de utilizar algún sistema de forma aislada, lo que provoca "un ahorro palpable".

El uso de los ascensores "también es importante", según Fernández, quien dijo que el sistema más eficiente "es el denominado de memoria selectiva, en el que el ascensor sólo atiende las llamadas que se solicitan para el sentido que está realizando el viaje, es decir, si sube, sólo atenderá las llamadas hacia arriba y viceversa".

En los sistemas de climatización, citó el rendimiento exterior, donde "son importantes la implantación de sistemas de aislamiento. Hay sistemas como el que permite el aprovechamiento de las condiciones climatológicas externas". Igualmente, indicó que las temperaturas "deben ser estables, y no se puede recurrir al criterio individual de fijar las temperaturas al libre albedrío".

De la misma forma, Fernández manifestó que, respecto al sistema de agua caliente sanitaria, "queda demostrado el uso de sistemas de energía solar", en el que "el coste y los requerimientos que necesita son muy baratos y el espacio y mantenimiento son básicos".

"En definitiva, hay dos parámetros fundamentales a tener en cuenta en le eficiencia energética, que son el uso de las nuevas tecnologías y unas soluciones arquitectónicas eficaces", según Fernández, quien reconoció "haber encontrado, en algunos casos, que la estética del edificio ha predominado sobre la eficiencia energética, entre los edificios auditados, con zonas en los que los pasillos, las escaleras y el patio interior estaban comunicados, lo que impide la eficacia de cualquier sistema de climatización".

No obstante, admitió que "en edificios de uso público es muy difícil controlar los hábitos de uso por la diversidad de los usuarios que se dan, desde funcionarios, personal de servicios o las personas que acceden a los servicios de la administración". Además, hay que sumar "la diversidad de los edificios, que hace que las conclusiones dependan de la funcionalidad, la antigüedad y el mantenimiento".

Por ejemplo, Fernández alabó el estado del INFO "por su diseño, su modernidad y el mantenimiento que se realiza en él". Por el contrario, subrayó las dificultades que representó el IES Ramón y Cajal "por su antigüedad, tamaño, y por la compartimentación de aulas y los servicios que provee".

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales, por su parte, añadió su intención de "buscar nuevos convenios de este tipo, para seguir haciendo auditorías", y anunció que, próximamente, se realizarán unas guías de eficiencia energética que van a hacer extensivas las conclusiones de estas auditorías a edificios que compartan cometido, como los centros educativos, centros de salud o edificios íntegramente administrativos.

El consejero señaló que, por cada kilowatio hora (kWh) de energía eléctrica consumida en oficinas y edificios públicos, se generan 0,4 kilogramos de CO2 y apuntó la necesidad de "incorporar hábitos inteligentes que reduzcan el consumo de los recursos energéticos".

Algunas de las medidas propuestas por las auditorías, como detectores de presencia e iluminación en zonas comunes, sustitución de bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo e implantación de balastos electrónicos, que reducen casi un 50 por ciento el consumo eléctrico de las luminarias, tienen un plazo de amortización muy bajo, entre uno y tres años.