CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción del PSOE para garantizar una comunicación accesible, bajo demanda y con garantías de intimidad, durante el parto de mujeres con discapacidad auditiva o sordoceguera en la Región de Murcia.
La diputada socialista María Dolores Martínez ha defendido que la iniciativa busca asegurar que una mujer sorda, con hipoacusia o sordoceguera pueda vivir su embarazo, parto y puerperio "con tranquilidad, de comprender y de ser comprendida". En su intervención, ha subrayado que dar a luz "no es solo un acto clínico", sino "una experiencia profundamente humana", y ha sostenido que la barrera de comunicación que afrontan estas mujeres "nunca debería" darse en la sanidad pública.
Según ha señalado, en la Región de Murcia habría unas 900 mujeres sordas en edad fértil, lo que situaría en torno a 32 los partos anuales de mujeres con discapacidad auditiva severa o profunda en la red hospitalaria murciana. A su juicio, esa cifra basta para actuar, porque "cuando hablamos de dignidad, de igualdad, de accesibilidad y de derechos, una sola mujer ya merecería toda nuestra atención".
Durante el debate, la diputada del PP María Luisa Ramón ha mostrado el respaldo de su grupo al fondo de la propuesta, al considerar que se trata de "una cuestión de derechos, de seguridad y también de dignidad".
No obstante, ha defendido una enmienda para hacer la iniciativa "más viable y más útil en la práctica sanitaria", ampliando el plazo para elaborar el protocolo regional a lo largo de 2026, permitiendo que también pueda activarlo un profesional sanitario y abriendo la puerta a que el servicio se preste tanto mediante convenios con entidades acreditadas como con personal propio del Servicio Murciano de Salud.
Desde Vox, la diputada María José Ruiz ha afirmado que "ninguna mujer debería tener limitada su capacidad" de comunicación en un momento como el parto y ha señalado que la comunicación efectiva en ese contexto no puede considerarse "un elemento accesorio ni secundario", sino "una cuestión de dignidad, de autonomía personal, de seguridad clínica y también de calidad asistencial".
En la misma sesión, la comisión ha aprobado por unanimidad dos iniciativas de Vox centradas en la mejora de la atención sanitaria en la Región. Por un lado, la relativa a la reorganización y reforma de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y, por otro, la puesta en marcha de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el centro de salud de Beniaján.
Sobre el Román Alberca, la diputada de Vox María José Ruiz ha defendido que la iniciativa responde al derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución y ha denunciado que "lo que no puede ser provisional es la falta de dignidad en la atención a los pacientes". Ha alertado de situaciones de "hacinamiento con hasta cuatro pacientes por habitación", así como de deficiencias estructurales como goteras, problemas de saneamiento o ventanas en mal estado.
La moción aprobada insta al Consejo de Gobierno a reorganizar las instalaciones del hospital, aprovechando el espacio liberado tras el traslado de la Unidad de Breve Estancia al Hospital Morales Meseguer, para ampliar la Unidad de Media Estancia con habitaciones de un máximo de dos pacientes, además de acometer una reforma integral del centro.
Durante el debate, Ruiz ya había denunciado que en el hospital "hay goteras" y que "literalmente se tienen que poner cubos en algunas plantas para recoger el agua", además de problemas en desagües, climatización y aislamiento.
Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha cuestionado que en el Román Alberca haya pacientes en habitaciones compartidas por cuatro personas, algo que, a su juicio, no se consiente en otros hospitales de la Región, y ha recordado la existencia de un proyecto de remodelación integral dotado con 5 millones de euros en la estrategia de salud mental 2023-2026.
La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto María Marín ha respaldado la iniciativa y ha criticado incumplimientos del Gobierno regional en esta materia, mientras que el PP, a través de Mari Carmen Ruiz, ha reconocido que el centro "necesita mejora" y ha señalado que ya se han iniciado trámites, como la mejora de la climatización con una inversión de 1,3 millones de euros.
Por otro lado, la diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha defendido la necesidad de implantar un SUAP en Beniaján, al considerar que estos servicios son "esenciales para garantizar una atención sanitaria ágil y eficaz fuera del horario ordinario" y para descongestionar otros niveles asistenciales, resolviendo "más del 80% de las demandas".
Según ha explicado, la Zona Básica de Salud Murcia/Beniaján atiende a cerca de 30.000 vecinos de Beniaján, Torreagüera, Los Ramos y San José de la Vega, muchos de ellos de edad avanzada, lo que refuerza la necesidad de este recurso. Además, ha criticado que, pese a contar con presupuesto, espacio habilitado y acuerdos previos, "no se ha movido un solo dedo" para su puesta en marcha.
La iniciativa aprobada reclama la implantación inmediata de este servicio para evitar desplazamientos a otros centros ante urgencias, lo que, según ha advertido, puede suponer una pérdida de "un tiempo vital".
Asimismo, la comisión ha aprobado por unanimidad una moción del PP para solicitar al Gobierno de la Nación la inclusión de productos esenciales para pacientes ostomizados en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.
En este debate, el PSOE ha defendido que el Ejecutivo central ya ha impulsado una reforma del sistema de financiación de productos sanitarios que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, mientras que Vox ha considerado que, pese al nuevo marco, el problema "no está todavía resuelto a día de hoy".
Desde el Grupo Mixto, María Marín ha señalado que estos pacientes afrontan gastos de entre 300 y 600 euros mensuales en productos necesarios para su vida diaria.
Durante la sesión también se ha debatido una moción del Grupo Mixto para la creación de una Unidad de Quemados en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, en la que se ha defendido que en estos casos "dos minutos pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte" y se ha reclamado este recurso por el carácter industrial de la comarca.