Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro "por razones de seguridad y verificación de la identidad".
Cuando se redacte este reglamento se hará un estudio previo para evitar que se invadan competencias, que sea contrario a legislación vigente o a la Constitución.
Esta moción, presentada por el Grupo Municipal Vox, propone que se considere ocultación integral del rostro la producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, el niqab, el burka u otras prendas similares.
Asimismo, también se pide que no se permita el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, con independencia del origen, motivación o significado de la prenda. Se excluyen los casos acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral.
Por otra parte, también a propuesta de Vox, y con el apoyo del PP, se ha aprobado una moción para instar al Gobierno municipal a elaborar una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación con las obligaciones relativas al Padrón Municipal.
Con la aprobación de esta moción, el pleno cartagenero rechaza la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno al que piden una política migratoria "firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles".
UNIDAD DE QUEMADOS Y MÁS APARCAMIENTO EN EL SANTA LUCÍA
En el ámbito de la salud, el pleno ha dado luz verde a la moción de MC para pedir al Gobierno regional, crear e implantar una Unidad de Atención Integral de Quemados en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, dotada de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la atención especializada de pacientes con quemaduras graves y complejas.
La moción también habla de incluir en el Presupuesto regional de la CARM para el ejercicio 2026 todas las partidas económicas necesarias para la puesta en marcha de dicha unidad y que esta se integre en la red sanitaria regional como servicio complementario y coordinado.
También ha salido adelante una moción para pedir a la Consejería de Salud que "mejore y reorganice" el aparcamiento del Hospital Santa Lucía, solicitando la creación de zonas de parada gratuitas, señalizadas y diferenciadas, para la bajada y subida de personas con movilidad reducida en los accesos a Consultas Externas, Urgencias y entrada principal del hospital.
Asimismo, que se realice una revisión para el correcto funcionamiento de los sistemas de información de plazas disponible y la instalación de la marquesina en la parada de autobús situada junto a Urgencias.
La concejala de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, ha anunciado que desde la Consejería ya han puesto en marcha la ampliación en 70 plazas en la zona de Urgencias para enfermos de esta área, y se van a habilitar entre 90 y 100 plazas adicionales y unos terrenos disponibles del hospital, además de instalar marquesinas y placas fotovoltaicas. En esta línea, añadía la edil que se está estudiando la habilitación de zonas específicas para personas con movilidad reducida.
Por unanimidad se ha aprobado una moción de Pedro Contreras (PSOE) sobre para pedir al Ejecutivo autonómico la pabellón psiquiátrico para jóvenes en el hospital Santa Lucía.
Asimismo, ha salido adelante por unanimidad la moción presentada por MC instando al Gobierno local a elaborar de manera inmediata el III Plan Municipal de Discapacidad de Cartagena, garantizando la continuidad de las políticas públicas en esta materia tras la finalización del II Plan 2020-2024.
También establece que incluya una auditoría de todos los espacios públicos urbanizados del municipio identificando las barreras arquitectónicas y que establezca un orden de prioridades, un calendario público de actuaciones y una dotación presupuestaria específica, garantizando una intervención "planificada, equitativa e igualitaria" en todo el término municipal.
La edil de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, ha puesto de manifiesto que ya está en marcha, se está estudiando su viabilidad con los técnicos y trabajando con los sectores implicados.
EJECUCIÓN DE LA ZAL DE CARTAGENA
El Pleno se ha puesto de acuerdo en pedir al Gobierno regional la aprobación de la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena como Actuación de Interés Regional, de conformidad con la normativa autonómica vigente expuesta, solicitando que esta permita la tramitación preferente y coordinada de todos los instrumentos urbanísticos, ambientales y administrativos necesarios para la ejecución efectiva de la ZAL.
Además, se solicita incluir en el Presupuesto regional de 2026 las partidas necesarias para su desarrollo y dar traslado de este acuerdo a todas las administraciones implicadas y proponer una declaración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que exija esta aprobación y se comprometa a impulsarla.
El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, ha añadido una enmienda de adición, que se ha incluido en la moción, instando al Gobierno de España a desbloquear el suelo industrial y poner en marcha la conexión ferroviaria con una variante de mercancías.
El Pleno también ha aprobado una moción de MC para que el Consistorio ponga en marcha las labores necesarias para extremar las precauciones junto a infraestructuras como carreteras, caminos, solares, alrededores de urbanizaciones y viviendas, eliminando vegetación y suciedad que pueda propagar el fuego y dejando una zona de amortiguamiento. Además, reforzará su actuación en la proliferación de malas hierbas.
También ha salido adelante una moción para que se actualicen los requisitos económicos necesarios para optar a descuentos en precios públicos municipales, como la tarjeta de jubilados del transporte urbano, a la pensión mínima actual.