MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia, Antonio Cerdá, advirtió hoy, en referencia al año de trámite que la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha cumple mañana en el Congreso de los Diputados, que en este tiempo "hemos asistido a un bochornoso espectáculo, que era un texto que no se tenía que haber presentado porque, según nuestros informes, llevaba nueve artículos que eran claramente anticonstitucionales y otros tres o cuatro dudosos"; por lo que, sentenció, "es el momento de recuperar el sentido común".
Es un Estatuto, prosiguió, "que pretendía abordar y tomar lo que son las competencias del Estado en materia de agua; éste ha querido igualarse a otros que también han sido negativos, como el catalán, el aragonés o el valenciano, que están aprobados, y que tienen aspectos que no deberían haberse admitido nunca en el Parlamento, sobre todo en el recurso agua, que es competencia del Estado".
"Es hora de ponerle coto a todos estos desmanes y desordenes hidráulicos", añadió el consejero murciano, que advirtió que en el caso del Estatuto de C-LM, "este desorden hidráulico estaba elevado a la enésima potencia, por lo tanto es el momento de recuperar el orden, el sentido común y sobre todo que el Estado recupere las competencias en un recurso tan fundamental y vertebrador como es el agua".
El Estatuto castellano-manchego, que por el momento es el que más tiempo se ha retardado en la Cámara Baja, "sería un Estatuto normal como los demás si se quitaran todos los temas referentes al agua", indicó Cerdá, al tiempo que recordó la aprobación del Estatuto extremeño, y apuntó su convencimiento de que éste "no tendrá ningún problema en su tramitación".
El Estatuto de C-LM, insistió, "tiene problemas y seguirá teniéndolos porque mientras no se quitan los problemas del agua tendrá muchas dificultades en cuanto a su aprobación".
La propuesta respaldada por unanimidad en las Cortes regionales en enero de 2007 y cuya tramitación se encuentra actualmente paralizada a falta de acuerdo entre PSOE y PP, a cuenta sobre todo del trasvase Tajo-Segura, fue tomada en consideración hace un año en el Congreso con el voto en contra de UPyD y de dos diputados del PP por Murcia.
El texto castellano-manchego se ha convertido en el Estatuto que más tiempo lleva aparcado en ponencia ya que en casos como la reforma canaria, la propuesta fue retirada por el Parlamento regional al no existir consenso. También se ha dado a este Estatuto más tiempo para presentar enmiendas, que por ejemplo, a la reforma del Estatuto catalán.
La reforma se registró en el Congreso en febrero de 2007 pero entonces no se incluyó en toma de consideración porque estaban a punto de disolverse las Cámaras por las elecciones generales de 2008 y corría el riesgo de que decayera, con lo que, en total, lleva dos años y medio en la Cámara Baja.
La cuarta reforma del Estatuto castellano-manchego, tras las elaboradas en 1991, 1994 y 1997, llegó hace un año al pleno del Congreso con el consenso de PSOE y PP en las Cortes regionales y tras la reunión que poco antes habían mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, quienes manifestaron su intención conjunta de defender el texto salido del Parlamento autonómico.
No obstante, la inclusión de la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 en la disposición transitoria primera del texto, se convirtió en su principal escollo, debido a la oposición frontal que tanto el PSOE como el PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia, regiones beneficiarias de esta infraestructura, han mostrado a este precepto.
Así, tras abrirse el primer plazo de enmiendas en noviembre del año pasado, ambos partidos comenzaron a negociar y fueron pactando sucesivas prórrogas que culminaron el pasado 10 de febrero, cuando finalmente presentaron por separado las alternativas al texto. En las mismas, el PSOE relegaba la fecha de caducidad del trasvase al preámbulo del texto, mientras que el PP eliminaba esta referencia y abogaba por revisar el Tajo-Segura conforme a la directiva de la Unión Europea. Las Cortes de Castilla-La Mancha esgrimieron esta normativa comunitaria para reclamar el fin del trasvase en 2015.
MÁS CONVERSACIONES
Tras presentarse las enmiendas, los dos partidos siguieron manteniendo conversaciones de manera más o menos continuada hasta que a mediados de marzo se dio por bloqueada la reforma, reprochándose ambos ser los causantes de la falta de consenso.
El Gobierno de Castilla-La Mancha recordó entonces que seguía existiendo la posibilidad de retirar el texto, pidiendo al PP que buscara el desbloqueo, pero a finales de abril, los dos grupos apuraban la negociación en la ponencia, sin resultados.
A principios de mayo, el presidente José María Barreda, anunció que había alcanzado una redacción de consenso tras conversaciones con Cospedal, extremo que después fue negado por el PP. Así, mientras el PSOE insistía en que había una "fórmula feliz" para sacar adelante el texto y que los dos cargos de Cospedal impedían el acuerdo, los 'populares' les culpaban de haber "metido la pata".
Con este escenario y sin nuevas negociaciones conocidas, finalizó el periodo de sesiones antes del verano. Barreda afirmó en agosto que el texto llevaba mucho tiempo paralizado en el Congreso y que esperaba desbloquearlo en septiembre. Tras el verano, el consejero de Presidencia, José Valverde, avanzó a Europa Press que podría plantearse un texto sin fecha de caducidad del trasvase si se garantizaba el agua suficiente para la región y ello conllevaba el consenso.
Por su parte, Barreda, en el último Debate sobre el Estado de la Región, ofreció una reunión a Cospedal para hablar del asunto y dijo que en caso de no producirse este encuentro, convocaría un debate monográfico en las Cortes regionales sobre el Estatuto para analizar la situación sobre el texto.
