MURCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria COAG Murcia ha explicado que el Anteproyecto de Ley de la Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad en la Región de Murcia implica, entre otras cosas, establecer la figura de 'corredor ecológico' que supone añadir 201.717 hectáreas más a proteger en una Comunidad Autónoma que ya tenía 550.000 hectáreas protegidas, mientras que la superficie regional cuenta con un total de 1.131.300 hectáreas.
Por todo ello, las nuevas figuras de protección ambiental suponen "un corsé para la agricultura", según han criticado el presidente de COAG Murcia, Francisco Gil, y el secretario de Ganadería de COAG Murcia y presidente de COAG en Lorca, Miguel Padilla, en la rueda de prensa que han ofrecido para dar a conocer las alegaciones que van a presentar al Anteproyecto de Ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno murciano y que actualmente está en proceso de debate.
Gil recuerda que, desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, la normativa comunitaria ha obligado a tomar medidas en este sentido que han dado como resultado la creación de 72 espacios protegidos, de los cuales 50 son Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 22 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En total, todos ellos conforman una superficie terrestre protegida de 458.277 hectáreas, a las que se añaden otras zonas en las que hay presentes hábitats de interés comunitario, humedales y lugares de interés geológico, llegando a alcanzar en total 550.000 hectáreas de superficie.
Gil llama la atención sobre esta cifra, que supone el 48 por ciento del total de la superficie regional, que asciende a 1,13 millones de hectáreas, y lamenta que todo este proceso se ha hecho "de espaldas a los propietarios y al mundo rural", de forma que los propietarios "apenas se enteraron".
En el anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la Región se definen además 62 'corredores ecológicos' que unen espacios protegidos con una banda de amortiguación que medirá unos 100 metros a cada lado.
Sin tener en cuenta estas bandas de amortiguación -aún por calcular-, los 62 'corredores ecológicos' recogidos en el Anteproyecto de Ley ocuparán una superficie de unas 201.717 hectáreas a proteger, según calcula Gil, quien explica que todavía no se ha determinado la cantidad de superficie agrícola afectada, algo que es preciso hacer municipio por municipio.
Igualmente, en el Anteproyecto de Ley aparece la obligación de definir las bandas de amortiguación de todos los espacios protegidos de la Región de Murcia, reservando para ello entre 500 y 1.00 metros dependiendo si hay especies protegidas y zonas de campeo.
REIVINDICACIONES Y PROPUESTAS
Gil ha añadido que esta nueva figura no estaría mal "si supusiera un valor añadido" al suelo, pero lamenta que, una vez protegido el suelo, "todo son problemas". De hecho, apunta que nada más catalogarse como suelo protegido se produce una bajada del precio de la explotación.
Ante las pérdidas que se puedan ocasionar, Gil ha propuesto la retirada de todas las zonas de protección de los espacios protegidos, dado que estas "ya se definieron con una superficie mayor de lo que realmente les corresponde". Así, añade que aquellas superficies agrícolas que actualmente se encuentren en los límites exteriores de dichos espacios "se tendrían que facilitar las gestiones para la salida voluntaria de los mismos".
En segundo lugar, lamenta que cuando el Anteproyecto de Ley hace referencia a los corredores ecológicos "hace hincapié en vías fluviales y pecuarias", pero "no plantea utilizar grandes espacios y menos que estos sean mayores que los que se pretende proteger". Por ello, COAG no acepta "los corredores en los términos en que se plantean y menos en la zona de amortiguación de 100 metros".
En este sentido, COAG ha solicitado que se convoque a las fuerzas políticas, sociales y económicas en las 36 corporaciones municipales murcianas que tienen corredores, con el fin de informarles de los pros y contras del Anteproyecto "para su mejor difusión".
De la misma forma, Gil ha señalado que la información a la población "es esencial para la concienciación y la educación cívica y ambiental", por lo que pide que se facilite "el acceso y manejo de la información ambiental en poder de la administración".
Igualmente, COAG se opone a los 'corredores ecológicos' desde el punto de vista agrario porque en ellos se encuentran 65.000 hectáreas de secano y 1.700 de regadío.
Al contrario, Gil ha lamentado que el Anteproyecto no recoge "una normativa regional para la recolección de las setas", y critica que la Administración "expropia a los propietarios de montes" mientras que muchos ciudadanos "asaltan los montes sin control pesando que el campo es de todos".
Gil también ha exigido que "se legisle sobre las compensaciones económicas por parte de la Comunidad Autónoma a los agricultores que sufren daños de la fauna salvaje", y reclama "más convencimiento y mejor gestión respecto a la declaración sobre el concepto de plaga, y poner los medios necesarios para combatir algunas, como las ocasionadas por conejos, jabalíes y arruí".
Gil también se pregunta si la nueva figura de protección ambiental sobre paisaje natural "quiere proteger los espacios que queden libres", porque el Anteproyecto de Ley "no lo define claramente".
El presidente de COAG también que el Anteproyecto contempla exigencias que obligan a los agricultores a soterrar las instalaciones eléctricas o limitan su derecho a construir en la finca, con el "consiguiente perjuicio económico".
En este sentido, también se pregunta "cómo se puede legislar sin que se cuantifiquen las partidas presupuestarias para poder desarrollar esta Ley".
En lo que respecta al retracto, el Anteproyecto de Ley especifica que es preciso notificarlo a la administración, especificar el precio al que se vende y facilitar la escritura si procede. Por ello, se pregunta "qué burocracia va a originar todo esto", y los retrasos que va a conllevar, porque la administración "va a estar un año en solucionar este retracto".
Gil también se pregunta "por qué no se define claramente la normativa para la plantación de árboles desde el punto de vista agrícola en zonas de protección ambiental, así como la construcción de naves agrícolas y ganaderas en dichos espacios".
Tampoco entiende "cómo el sector apícola no se nombra en una Ley de conservación de la naturaleza", y pide que se contemplen los "incentivos fiscales, las ayudas públicas y de fomento del mercado", entre otras cosas.
