La Comunidad pide al Gobierno compatibilizar las medidas contra las inundaciones con la construcción de vivienda

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado 36 alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación y ha reclamado al Ejecutivo central que compatibilice la seguridad de personas y bienes con la construcción de vivienda y el desarrollo urbanístico de los municipios.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha dado a conocer las alegaciones durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, que vuelve a presidir Lázaro Badenes, según ha informado la Comunidad.

Las alegaciones, elaboradas por las direcciones generales del Agua y de Ordenación del Territorio y Arquitectura, cuestionan las nuevas restricciones sobre los usos del suelo, los plazos previstos para adaptar el planeamiento urbanístico y las discrepancias detectadas entre los datos utilizados para elaborar la cartografía de zonas inundables y los que se desprenden de los datos oficiales de aforo.

García Montoro ha señalado que "el Gobierno central no puede limitarse a poner nuevas restricciones sobre el suelo a los ayuntamientos, mientras siguen pendientes las infraestructuras de defensa y contención que necesita la Región de Murcia para reducir el riesgo de inundaciones, y que llevamos años reclamando".

El consejero ha considerado que el proyecto plantea una regulación "excesivamente restrictiva en algunos de sus planteamientos" y ha advertido de que existen "problemas técnicos y de seguridad jurídica" que, a su juicio, deben resolverse antes de que las nuevas limitaciones tengan efectos sobre el territorio.

"Los mapas de inundabilidad condicionan directamente el desarrollo de nuestros municipios y, por eso, tienen que elaborarse sobre datos fiables y suficientemente justificados", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que la regulación llega en un momento en el que, según ha indicado, es necesario facilitar la construcción de vivienda, y ha señalado que las nuevas restricciones pueden dificultar el acceso a la vivienda si reducen la disponibilidad de suelo.

Las alegaciones cuestionan también el plazo de cinco años previsto para que los ayuntamientos adapten sus planes generales a la nueva normativa. El Gobierno regional considera que este periodo no se corresponde con los tiempos de tramitación del planeamiento y advierte de que, una vez transcurrido sin que se haya producido la adaptación, los organismos de cuenca podrán informar desfavorablemente sobre los actos de desarrollo del planeamiento.

El Ejecutivo regional cuestiona además las limitaciones a los usos bajo rasante previstas en el proyecto, que afectarían a garajes subterráneos y sótanos.

En este sentido, García Montoro ha reclamado que la prevención de las inundaciones no se base únicamente en "prohibiciones y restricciones", sino también en la ejecución de obras de defensa y contención. Según ha señalado, estas infraestructuras "además de proteger a las personas, reducirían esas restricciones, compatibilizando la seguridad con el desarrollo urbano".

DISCREPANCIAS EN LOS CAUDALES

Otra de las cuestiones planteadas por la Comunidad se refiere a los datos empleados para determinar la cartografía de las zonas inundables. El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que revise estos datos, al detectar diferencias de hasta más del triple entre algunos de los caudales utilizados para elaborar los mapas y los datos oficiales de aforo.

En concreto, para el entorno de la ciudad de Murcia, las alegaciones señalan que el caudal de cálculo para un periodo de retorno de 100 años utilizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es de 596 metros cúbicos por segundo, frente a los 350 metros cúbicos por segundo que se desprenden de los datos oficiales de aforo publicados por el propio Ministerio.

En el caso del Reguerón, la diferencia es todavía mayor, con un caudal de 373 metros cúbicos por segundo frente a los 110 metros cúbicos por segundo de los datos de aforo.

El documento presentado por la Comunidad reclama que estas discrepancias sean explicadas y resueltas antes de que la cartografía tenga nuevos efectos normativos, al considerar que los datos utilizados pueden condicionar las posibilidades de desarrollo de los municipios.