MURCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, ha intervenido este miércoles en la jornada 'Erradicación de la infravivienda y chabolismo, derecho a la vivienda e inclusión social', celebrada en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y ha recomendado a la Administración que refuerce la protección de los colectivos más desfavorecidos durante la crisis.
Ruiz Abellán ha moderado la mesa redonda 'El acceso a la vivienda, un derecho. El acompañamiento social de las familias, una necesidad' y en su intervención ha recordado que el déficit público conlleva el riesgo de recortes en las partidas destinadas a las políticas sociales, por lo que recomienda a la Administración que ante la crisis dedique una especial protección de los colectivos más desfavorecidos.
El estudio del mapa de Infravivienda, presentado en 2009, reflejaba que había muchos hogares en los que las personas no tenían las condiciones adecuadas de vida. "Son muchos los ciudadanos que se encuentra en asentamientos chabolistas y en viviendas muy deterioradas. En definitiva, 10.000 hogares no tienen las condiciones de vivienda adecuadas, lo que demuestra que queda todavía mucho por hacer", ha indicado.
Asimismo, ha apuntado que "si hablamos de derechos fundamentales, la vivienda en un estado social y de derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna. Este principio recogido en nuestra Constitución todavía no es efectivo para todos los ciudadanos, especialmente para la población más joven y aquellos con menos recursos".
Por otro lado, ha recordado que debe reforzarse la efectividad y extensión del derecho a la vivienda, con atención específica a colectivos con especial necesidad, y garantizando que el suelo cumpla su verdadera función social tutelada constitucionalmente.
Finalmente, ha indicado que en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas se debe garantizar la publicidad, concurrencia y transparencia, estableciendo un baremo basado en criterios objetivos y en cupos de colectivos preferentes.
