Defensor del Pueblo de la Región recibe hasta el momento 200 quejas, la mayoría relacionadas con administraciones regional y locales
MURCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta Comunidad trabajarán de forma conjunta al objeto de establecer un protocolo de actuación entre ambas instituciones y poder, de este modo, solucionar aquellas quejas referidas a los retrasos en la Administración de Justicia.
Así lo confirmaron hoy los máximos representantes de ambas instituciones con motivo del encuentro que mantuvieron en el Palacio de Justicia, quienes no dudaron en poner de manifiesto el resultado positivo del mismo.
En este sentido, el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, adelantó que "se trabajará sobre la necesidad de que se establezca un tratamiento documental de la manera de comunicarnos el Defensor y el TSJ con una queja que responda a un formulario para poder filtrar y saber con seguridad a qué se está refiriendo la queja que se está tratando y que se refiere a un retraso", de la que aseguró que se puede dar respuesta.
Por su parte, el defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, constató el hecho de que han recibido denuncias de los ciudadanos en relación a las actuaciones que pueda tener la Administración de la Justicia. En este sentido, explicó que las analizarán y las estudiarán, tras lo que puntualizó que el objetivo es "tener una comunicación fluida con el TSJ para poderlas resolver".
Así, comentó que "dentro de este plan de actuación que va a tener trascendencia en el futuro, conviene establecer los cauces, los protocolos de actuación, de forma que haga sencilla una actuación y una eficacia en la resolución de estas preguntas y quejas de los ciudadanos con la actividad de la justicia".
DEFENSOR DEL PUEBLO RECIBE 200 QUEJAS
Por otro lado, Ruiz Abellán cifró en 200 las quejas que hasta el momento ha recibido el Defensor del Pueblo. La mayoría de ellas, indicó, corresponden a las relacionadas con las administraciones regional y locales, mientras que las de la Administración de la Justicia "son muy pocas y en su mayoría no son admitidas por el hecho de que no corresponden al Defensor".
En este último caso, recalcó que "muchas de estas quejas han sido inadmitidas, ya que son sobre temas de casos que ya han tenido sentencia judicial y no corresponde que haya ninguna resolución por parte del Defensor". Este problema lo achacó al hecho de que aún el ciudadano "no conoce qué es lo que le puede resolver el Defensor", aunque matizó que el Defensor "puede tratar de colaborar con la Administración de Justicia cuando se produce un retraso".
Otro de los tipos de quejas que ha recibido esta institución es la relacionada con "dependencias de la Administración central que se tramitan a través de la Delegación y que están en marcha para poderlas resolver".
En general, Ruiz Abellán señaló que son quejas "variadas, del día a día de los ciudadanos, y que tratamos de resolver lo mejor posible". "En una segunda fase, continuó, y ya conseguida la información de las administraciones, se empezará una nueva etapa de dictar resoluciones para resolver estos problemas a los ciudadanos".
En resumen, Ruiz Abellán valoró de forma positiva el encuentro, al haber encontrado "las puertas abiertas a esta institución y a su presidente en un plano de colaboración". La labor del Defensor del Pueblo, por su parte, será la de "darle la máxima facilidad en cuanto a que las comunicaciones que hagamos sean lo más prácticas posibles para resolverlo cuanto antes".
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, resaltó la necesidad de "entablar cauces de comunicación", porque, subrayó, la Administración de Justicia y el Defensor del Pueblo "son dos instituciones que tienen muchos principios en común", como la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y los de imparcialidad, con la finalidad común de la autocrítica.
En opinión de Martínez Moya, "hay que ser crítico con el funcionamiento de la Administración", dado que el establecer cauces de comunicación "lo que supone es una transparencia del funcionamiento del servicio público de justicia".
