Ecologistas en Acción propone evaluar los riesgos de las construcciones en el litoral antes de modificar la ley de Costa

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, ha propuesto evaluar caso a caso los riesgos de las construcciones levantadas en terrenos de dominio público antes de modificar la ley de Costas para proteger conjuntos tradicionales en caso de que exista peligro para sus ocupantes. Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente en la Asamblea Regional.

"Lo que hay que intentar es hacer una evaluación muy rigurosa, caso a caso de las situaciones de riesgo de estas construcciones en el borde litoral para determinar cuáles son legítimamente las construcciones que pueden permanecer en el sitio porque no van a suponer un riesgo para sus habitantes, pero va a ser viable la protección de este tipo de construcciones", ha dicho el coordinador de Ecologistas en Acción.

Ha abogado por plantearse sobre la necesidad del cambio legal y por evaluar la situación de riesgo de las construcciones del litoral. Según ha dicho, "por mucho que nos empeñemos en mantener ciertas construcciones que están en riesgo, no va a depender de esa voluntad, sino de la posibilidad técnica y económica de hacerlo viable, habrá situaciones que sean insalvables y tendremos que responder a la reubicación para evitar el riesgo de las personas. En muchas ocasiones ya hemos sufrido la falta de previsión y ordenación del territorio que se ha pagado con la pérdida de vidas humanas", ha expuesto.

Durante su comparecencia ha hablado sobre la transformación que han sufrido las zonas de costa en los últimos años. Según ha dicho, se ha producido un "desarrollo muy fuerte" del urbanismo en la costa, especialmente a partir de los años 50 dando lugar a sitios "colapsados de un urbanismo exagerado, como es La Manga del Mar Menor".

"A principio de los años 50 todo eran dunas y vegetación y ahora uno no puede dejar de pisar el asfalto y el cemento", ha apuntado al tiempo que añadía que este impulso que se dio al turismo de sol y playa acabó implantando un "modelo nefasto de turismo residencial en el que se vinculó la especulación con ese modelo turístico de sol y playa. Eso ha llevado a que esta presión haya sido muy fuerte desde aquellas décadas hasta hoy", ha dicho.

Luengo se ha referido a un informe en el que "se tiraba de las orejas al gobierno de España por el modelo de desarrollo urbanístico tan agresivo anterior al 2009". En ese sentido, ha expuesto que de los 4 millones de edificaciones urbanísticas que hubo en la Unión Europea en ese periodo, "el informe dice que la mitad fueron en España, pero no era un proceso que respondiera a unas necesidades sociales de evolución de la población", ha apuntado.

El portavoz de Ecologistas en Acción ha advertido que los problemas generados por este tipo de construcciones "no van a ser fáciles de revertir". Luengo considera que "el coste de revertirlos sea bastante inasumible y bastante complicado en muchos casos", además, ha indicado que ya se están notando los problemas provocados por el cambio climático. En su opinión, no es solo una cuestión ambiental, sino también económica, "cada vez vemos que tenemos mayor impacto en obras públicas o privadas en las zonas litorales y su reparación supone mayor inversión".

Ante la comisión también ha comparecido por videoconferencia el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez. Él ha recordado durante su intervención que el trabajo que se debe llevar a cabo se centra en buscar soluciones al problema y encontrar una fórmula que permita la pervivencia de esos conjuntos a fin de mitigar los efectos de los artículos de la ley de Costas que suponen la demolición o desaparición de estas propiedades.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández ha dicho que "no todos los casos son iguales ni todos los núcleos tienen las mismas circunstancias" y ha recordado que la intención de su grupo es proteger los derechos de los afectados, "pero sin crear falsas expectativas".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de VOX, Francisco Carrera, ha advertido que hay que diferenciar qué es el urbanismo salvaje "o qué es lo que hoy nos trae aquí, que son unas cuantas casas en algunos parajes de la Región donde se les hace un daño brutal a esas personas que están ahí por una decisión de unos funcionarios de Costas".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, considera prioritario actualizar las carencias de una ley que "roza ya los 35 años de edad y con esta ley trataremos de suplir estas carencias".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado que lo que están tratando es añadir una disposición adicional a la ley de Costas del año 88 en la que "exclusivamente los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, las viviendas que posean un título legítimo de propiedad o una licencia administrativa en vigor antes de la ley de Costas puedan verse beneficiados y estén expresamente excluidos del dominio público".