MURCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia y candidato al Congreso de los Diputados por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, consideró hoy que la 'Operación Bermejo', denominada así por el Partido Popular, es una maniobra para desviar la atención sobre los posibles casos de corrupción urbanística abiertos en los ayuntamientos gobernados por ese partido.
En este sentido, señaló que esta estrategia de desviar la atención para que "la gente no se pregunte por lo principal" es "demasiado vieja" y al ciudadano ya no puede ser engañado con esa táctica.
A su juicio, el problema es que esas cosas de las que se les acusan "sean verdad", y de hecho "deberían explicar al ciudadano si eso de lo que se les acusa es o no verdad".
Fernández Bermejo abogó por que "ese es el debate" y el otro, el que utiliza el PP denominando la actuación judicial 'Operación Bermejo', "supone un atentado a la dependencia judicial, un ejercicio de falta de respeto hacia los jueces" al cuestionar su independencia.
"Cada vez que la corrupción aparece tiene una capacidad de destrucción de las instituciones y del tejido social ilimitada", apuntó. De hecho, criticó, "cada vez que uno está sometido a actuaciones judiciales por temas de corrupción lo primero que hace es poner en tela de juicio, de una forma u otra, a la Justicia".
El ministro y candidato al Congreso de los Diputados por Murcia apuntó que el mensaje que manda el PP es que "los jueces están actuando con intenciones bastardas, que no son independientes" y todo ello "para ocultar sus vergüenzas".
De igual forma, Fernández Bermejo quiso dejar claro que su doctrina en torno a la corrupción es "tolerancia cero" y "cada vez que un juez, en un procedimiento penal, declara la existencia de indicios claros y razonables de criminalidad contra una persona por delitos relacionados con la corrupción, esa persona no puede permanecer ni un minuto más en política". "Es su responsabilidad irse o la de su partido echarlo", añadió.
Pidió que no se invoque la presunción de inocencia, "ya que juega en el ámbito del proceso judicial, pero no es un instrumento de la política".
"En la política, cuando un juez en un proceso penal con temas relacionados con la corrupción dicta una resolución indicando indicios razonables de criminalidad, el afectado se tiene que marchar y tiene que tener la mínima decencia de no manchar el nombre de la Justicia ni escudarse detrás del buen nombre de su pueblo", concluyó.
