García critica la subida de impuestos por "disminuir la renta disponible" y generar "incertidumbre y desconfianza"

Actualizado: jueves, 24 septiembre 2009 15:19

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, criticó hoy que una subida de impuestos por disminuir la renta disponible, especialmente las subidas de impuestos al consumo que, a su juicio, "todo el mundo paga por igual, independientemente de la renta que tenga, y perjudica más a la gente que tienen menos renta".

García hizo así referencia al anuncio que ayer hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al adelantar que la subida fiscal en la que trabaja el Gobierno implicará que sean las rentas más altas las que tengan que hacer "un esfuerzo más significativo" en el futuro.

En este sentido, se mostró en contra de que la subida de impuestos sea al consumo "entre otras cosas, porque estamos en una crisis de consumo". Además, insistió en que "es regresivo porque perjudica más a la gente que tienen menos renta y por tanto, tienen que destinar más parte de esta renta a consumir sin capacidad de ahorro".

Asimismo, se mostró en contra también "de que se paguen impuestos al ahorro, porque precisamente ahora se tiene que incentivar el ahorro, que es necesario para la inversión y para el movimiento del dinero, que es el que permite que haya liquidez en las pymes, que son las que lo necesitan".

Así pues, insistió en que en España "se ha demostrado que en las regiones gobernadas por el PP que una bajada de impuestos aumenta la recaudación y reactiva la economía, porque se es más competitivo, y el Gobierno de España está errado en que con una subida de impuestos van a aumentar la recaudación, porque el efecto que se produce es el contrario".

García explicó que subir los impuestos al consumo "disminuye la renta disponible y, si las empresas tienen que asumir esa subida de impuestos porque no lo pueden trasladar al consumidor --al ser una crisis de demanda y consumo-- serán menos competitivas, tendrán menos margen y algunas tendrán que cerrar, lo que creará más paro".

"Y ese señor que va al paro no tiene renta, por lo que no puede consumir, no tributa en la renta, no paga el Impuesto de Valor Añadido (IVA) y va al subsidio del desempleo, por lo que aumentan los gastos", correlacionó la consejera, quien consideró que se trata de "un círculo negativo y negro de una subida de impuestos en un momento determinado, y lo que es peor en términos económicos, la desconfianza y la incertidumbre".

Y es que "a estas alturas, todavía no se sabe cual va a ser esa modificación, lo único que se sabe es que se va a subir un 1,5 por ciento el Producto Interior Bruto (PIB) y que tienen que cuadrar a 15.000 millones, esas son las cuentas que se necesitan para cuadrar no sabemos todavía qué presupuestos porque están pendientes todavía de la compra de determinados votos y determinadas voluntades".

Por todo ello, criticó "la falta de planificación, los cambios de rumbo y esa incertidumbre, que lo que genera en la economía es desconfianza, y no hay cosa más miedosa que el dinero". Así, añadió que "con esa desconfianza, el dinero no se mueve y por tanto, nuestro tejido empresarial, difícilmente podrá salir de la crisis".

La consejera opinó que "son las consecuencias de esta política de Zapatero, improvisada, parcheada y que, a estas alturas, teniendo en cuenta que el sábado se ha anunciado que se aprueba el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, en las cuales tienen que ir las modificaciones sobre la subida de impuestos, a estas alturas no se sabe qué impuestos van a subir, por qué concepto y de qué forma".

PRECIO DEL CARBURANTE.

García dijo que el Ministerio "baraja diversos escenarios", como la subida de los impuestos especiales, que de momento "es un rumor" y que afectaría al alcohol, los hidrocarburos y al tabaco".

Respecto a la subida de los hidrocarburos, que contempla también a la gasolina, "tendrá una afectación directa de esos ingresos a la contribución al medio ambiente, puesto que se contamina, tal y como recoge el modelo de financiación actual, que está vigente, y en el nuevo".

No obstante, dijo que esta subida "sería vía impuestos especiales y, como el IVA es base imponible en los impuestos especiales, si se une una subida de IVA con una subida de impuesto especial, el efecto multiplicador de la gasolina será mayor, porque estamos aplicando un impuesto también a la base del IVA".

Por ello, aseveró que "implicará una pérdida de competitividad por una subida de impuestos en los hidrocarburos", porque los hidrocarburos "no nos equivoquemos, los que más lo consumen son todas las empresas", justificó.

DEUDA HISTÓRICA

García volvió a exigir la devolución de la deuda histórica, y reclamó "un trato justo e igualitario". "Todos somos iguales ante la Ley, si la Región de Murcia ha tenido un crecimiento el doble de la media nacional, y si tenemos un modelo de financiación, hoy todavía vigente, en el que se nos debe de reconocer la actualización de población, nosotros reclamamos lo que es justo y se le ha dado a todas las comunidades autónomas".

"Porque somos españoles, porque contribuimos solidariamente, porque generamos empleo en esta Región y porque pagamos también nuestros impuestos igual que todos los demás", apuntó.

A todo ello le sumó que "recientemente, a otra comunidad también se le ha cedido por el principio de lealtad institucional --no por actualización de población, que contempla la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas-- sino en la Ley Orgánica de la Lealtad institucional".

"Si a una comunidad autónoma, por lealtad institucional, porque ha disminuido su recaudación, por la toma de decisiones en política fiscal, se ha producido también una minoración de recaudación y se le transfiere una cantidad, nosotros también tenemos derecho, y eso es lo que reclamamos, es de justicia, es lo que esperan los murcianos y porque nos lo reconoce la Constitución", determinó.

"Esta es la posición de todas las comunidades autónomas del PP, es una postura que siempre hemos llevado adelante, porque la deuda histórica sólo se le ha pagado a cuatro comunidades autónomas, y las cuatro son del PSOE: Andalucía, Cataluña, Baleares y Aragón".