El Gobierno murciano critica que la Ley de Vivienda "solo conseguirá disminuir la oferta y subir los precios"

MURCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha considerado que la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de España es "sectaria e intervencionista", y hará que "cada vez serán menos los propietarios dispuestos a poner sus pisos en alquiler". A su juicio, solo conseguirá "disminuir la oferta y subir los precios".

Ortuño ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha analizado este jueves esta Ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo murciano ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez "deja en manos de los independentistas la política de vivienda", que ahora será marcada por "quienes no quieren formar parte de España".

"Una Ley que, por otra parte, no afronta el problema de la okupación ilegal", según Ortuño, quien ha recordado que el Gobierno murciano cuenta "desde hace años" con un servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación ilegal.

Durante 2022, según los datos del Ministerio del Interior, en la Región de Murcia se realizaron 382 denuncias por okupación de vivienda, tal y como ha manifestado Ortuño, quien ha considerado un "insulto a los españoles" que Sánchez lance un anuncio como el de las 50.000 viviendas de la Sareb".

Y es que "la mayoría de las propiedades de la Sareb no valen como vivienda habitual y, por eso, está en manos del banco malo: porque no tienen salida en el mercado ordinario por sus condiciones", según Ortuño.

El portavoz del Gobierno murciano ha puntualizado que las viviendas de la Sareb son de cinco clases: "o están sin terminar de construir; o están destrozadas; o están okupadas; o están en lugares donde nadie quiere vivir; o todo a la vez".

Por eso, cree que Pedro Sánchez debería "tomar ejemplo de las medidas implantadas por el Gobierno regional de Fernando López Miras, como el Alquiler Joven, las ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, el Aval Joven o las ayudas a la vivienda protegida".

Para Ortuño, se trata de una ley "intervencionista, que invade competencias autonómicas" por lo que, a su parecer, es "urgente" la convocatoria de la Conferencia sectorial de vivienda para tratar esta cuestión.