El delegado del Gobierno garantiza la continuidad de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia
MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha explicado que los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma experimentaron en 2008 y 2009 un aumento de casos a atender por el impacto "más brutal" de la crisis económica. Sin embargo, los asuntos en la Jurisdicción Social descendieron en 2010, con bajadas de temas relacionados con la crisis como las demandas por despido y concursos de acreedores y la estabilización de las ejecuciones hipotecarias.
Martínez Moya ha hecho balance de los datos más significativos de la actividad judicial durante el 2010 en rueda de prensa acompañado por el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, antes de inaugurar cinco nuevas unidades judiciales en la Región: el Juzgado de Primera Instancia número 14 y el de lo Social número 8, ambos en Murcia; así como el de lo Social número 3 de Cartagena, el de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier y el de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca.
En su intervención, el presidente del TSJRM ha señalado que los datos estadísticos de los tres primeros trimestres de 2010 permiten observar que "se está produciendo una importante desaceleración y, en algunos casos, reducción en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales". El problema, dijo, es "canalizar la importante congestión de asuntos que en la actualidad tienen los órganos judiciales".
En cifras globales, los juzgados han ingresado en 2010 un total de 219.023 asuntos, sólo 751 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 0,34 por ciento, frente a un crecimiento del 11,54 por ciento que experimentaron en 2009. Así, explicó que esta desaceleración "es común en todas las jurisdicciones en Murcia, donde se experimenta por primera vez una tendencia a la estabilización".
No obstante, Martínez Moya destacó la disminución del ingreso de asuntos en la Jurisdicción Social, que registraron 10.015 asuntos, frente a los 13.812 del periodo anterior, lo que supone una reducción del 27,49 por ciento.
En concreto, el número de demandas por despido en los tres primeros trimestres descendió un 41,02 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, pasando de 5.112 a 3.015. Asimismo, los concursos de acreedores presentados en los tres primeros trimestres de 2010 en los Juzgados de lo Mercantil bajaron un 14,6 por ciento, en contraste con el incremento del 31,5 por ciento que se produjo en el mismo periodo de 2009 y el aumento del 176,2 por ciento en 2008.
Por su parte, las ejecuciones hipotecarias siguieron creciendo un 17,8 por ciento en los tres primeros trimestres de 2010, aunque este incremento fue mucho más moderado que el del 68,5 por ciento experimentado en el mismo periodo de 2009 y el aumento del 168 por ciento en las mismas fechas de 2008.
En cualquier caso, Martínez Moya ha señalado que "hay que tomar con cautela estos datos a la hora de extrapolarlos al análisis global anual, pues se dispone sólo de tres trimestres y el comportamiento de la entrada y resolución en el año 2010 ha sido extraño, tanto como consecuencia del efecto crisis como de la implantación de la nueva Oficina Judicial y de las nuevas leyes procesales".
NUEVAS UNIDADES JUDICIALES
La puesta en marcha de las cinco nuevas oficinas judiciales ha supuesto, según Martínez Moya, aumentar la ratio hasta 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra que "hace unos años se situaba en algo más de siete, lo que supone una planta judicial normalizada en la Región, y muy próxima a la media nacional", indicó.
Martínez Moya ha destacado que en la Región hayan podido hacerse efectivos estos nuevos juzgados, con la consiguiente dotación de locales y funcionarios, algo que en otras comunidades "no ha sido posible y se han tenido que posponer la puesta en marcha".
"Aunque existen todavía algunas prioridades de creación de planta, somos conscientes de que crear un juzgado es muy caro -unos 300.000 euros- y hemos de hacer un ejercicio de una tremenda responsabilidad y buscar una adecuada reorganización", ha precisado.
El delegado explicó que las nuevas unidades judiciales "son una apuesta del Gobierno de España por la modernización de la Justicia en la Región", y ha anunciado que los juzgados "se complementan con todo el esfuerzo de años anteriores que ha llevado a crear casi 50 juzgados en los últimos cinco años, y al incremento de fiscales, que se ha doblado en los últimos años".
El delegado también glosó una serie de obras que se han ido poniendo en marcha en los últimos años, entre las que citó la segunda fase de la Ciudad de la Justicia, cuya continuidad ratificó que "está asegurada", con una inversión de más de ocho millones de euros para el año 2011. De la misma forma, citó la inauguración de los Juzgados de Mula y otras infraestructuras que "persiguen dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".
TRANSFERENCIAS
Al ser preguntado por la situación de la transferencia de las competencias de Justicia del Gobierno central a la Administración regional, que fueron suspendidas la semana pasada, el presidente del TSJRM ha señalado que "siguen igual".
Al respecto, ha señalado que el traspaso "debe hacerse en términos de suficiencia económica", y matizó que "siempre es tarea y responsabilidad de quienes son interlocutores activos y protagonistas del mismo, que son las administraciones central y autonómica".
En este sentido, ha añadido que, si tanto un gobierno como otro "han considerado que no se estaban dando los parámetros claros de suficiencia económica, evidentemente hay que respetar la decisión". Sin embargo, señaló que la Región de Murcia, en los últimos cinco años "ha experimentado una inversión en Justicia inusitada que se está canalizando".
PLANES PARA EL FUTURO
De cara al futuro, Martínez Moya indicó que la Administración de Justicia está inmersa en el despliegue de la Oficina Judicial, que es un proyecto "muy complejo, muy gradual en su implementación, que desde luego no es ningún caos, pero tampoco es la única solución a los problemas de la mejor organización de la administración de Justicia.
En la línea de buscar la mayor rentabilidad a los recursos disponibles, el presidente ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia está buscando soluciones "imaginativas" y está ultimando, por ejemplo, un convenio con la Universidad de Murcia que permitirá reforzar la Sala de lo Contencioso Administrativo con cinco magistrados suplentes procedentes del ámbito formativo.
Además, ha destacado la importancia de esta medida en un órgano con una carga de trabajo muy elevada con 920 asuntos por magistrado, y que supera con creces la media nacional para estas salas, con 615 asuntos.
Igualmente, Martínez Moya ha indicado que se está impulsando un convenio de mediación, que contribuya a descargar el número de asuntos ingresados, en familia y como experiencia piloto en la jurisdicción penal.
El presidente del Tribunal Superior de Murcia, también ha hecho un análisis de las cargas de trabajo que vienen soportando las jurisdicciones y los partidos judiciales que han aumentado su planta.
Así, los Juzgados de Primera Instancia de Murcia, verán con la creación de un nuevo juzgado, mitigar la carga de trabajo que supera con creces el indicador medio de asuntos, tal y como sucederá con los Juzgados de lo Social de Murcia y de Cartagena, en los que la pendencia media es de 1.140 asuntos frente a la media nacional de 691.
