El nuevo Decreto-Ley de Simplificación excluye la evaluación de impacto ambiental en proyectos excepcionales

MURCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha aprobado este viernes el Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública que, entre otras cosas, excluye el trámite de evaluación de impacto ambiental en proyectos excepcionales según ley del Estado.

Además, en materia de ordenación del territorio, cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana.

Así lo han hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez, y el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En lo que respecta al trámite de evaluación de impacto ambiental, Miguélez ha precisado que el Gobierno regional ha reflejado en ese decreto ley que "va a haber una serie de proyectos excepcionados en la ley del Estado". En estos casos, la evaluación de impacto ambiental "se va a eximir" y ha puesto como ejemplo un proyecto por caso de emergencia o por caso de necesidad urgente de la ciudadanía.

En cuanto a la modificación de los planes de urbanismo, Miguélez ha señalado que el Gobierno regional plantea que "si necesitan una modificación del planeamiento general, no tengan que esperar ese tiempo a que se modifique el plan general de ordenación, sino que pueda seguir la tramitación sin la necesidad previa de la modificación". "La modificación se tendrá que hacer, pero el expediente no tendrá que esperar al cambio para continuar", ha afirmado.

En cuanto a la viabilidad de este decreto ley, Miguélez ha defendido que cada uno de los contenidos del mismo ha sido revisado por los servicios jurídicos de cada área involucrada con el fin de que "esté en vigor en breve".

TRES BLOQUES

Miguélez ha señalado que el objetivo de este Decreto-Ley, que se estructura en tres grandes bloques es "reducir la burocracia y moderar la presión fiscal, como incentivos para impulsar el desarrollo económico y empresarial en la Región de Murcia".

En este sentido, el decreto ley fija un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales que afecten a la implantación de una iniciativa empresarial. Y si se emite fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta. Además, regula que los informes tienen que ser "claros, concretos y tienen que determinar inequívocamente si son favorables o no".

El texto también establece la simultaneidad en la solicitud de Informes sectoriales y que, solo en caso de que sean preceptivos, la emisión de un informe sectorial estará condicionada por la emisión previa de otros informes sectoriales.

Y recoge que, en caso de la no emisión en plazo de un informe, continúa la tramitación para la implantación de la iniciativa empresarial (excepto normativa estatal en contra).

Por otro lado, la norma avanza en la digitalización en el tejido productivo. Así, este decreto ley crea una certificación oficial de calidad digital que reconoce a todas aquellas empresas o autónomos que han hecho un esfuerzo por digitalizarse.

Además, establece que las entidades certificadas tendrán más facilidades en el acceso a ayudas financiadas con fondos públicos regionales si tienen más de 10 trabajadores.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

En materia de financiación, se prevé la creación de un 'Fondo Capital Semilla', destinado a las pymes con modelo de negocio innovadores y tecnológicos escalables a nivel internacional.

El decreto ley también apuesta por el fomento del crecimiento empresarial, aportando asesoramiento, asistencia y apoyo financiero a pequeñas empresas para que se lancen a un proceso de integración que refuerce su solidez. También ofrece ciertos privilegios en el acceso a subvenciones y ayudas en función del tamaño de la empresa. En este sentido, se prevé mayor puntuación en los criterios de baremación de ayudas que incentiven la inversión empresarial a empresas de más de 50 trabajadores.

En lo que respecta a la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), se incrementan los requisitos de creación de empleo e inversión (hasta tres millones de euros) y se crea una carpeta digital para cada empresa con proyectos empresariales asistidos por UNAI que actúa como registro de entrada y salida para las comunicaciones y trasvase de documentación.

LIBERTAD DE MERCADO

En cuanto a las medidas de libertad de mercado, se garantiza la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Región para atraer empresas de toda España.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo murciano ha señalado que "cualquier actividad empresarial que se encuentre en otra comunidad que quiera instalarse en la Región necesita volver a pedir que se adapte su licencia y los permisos a la normativa de la Comunidad de Murcia".

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO Y GESTIÓN EFICIENTE

En el apartado específico de eficiencia pública, el proyecto de Ley establece la obligación de que todas las entidades y órganos de la Administración regional promuevan de forma efectiva el ahorro, la racionalización y la gestión optimizada y sostenible, primando todas aquellas alternativas regulatorias y de gestión optimizada que impliquen una mayor racionalización del gasto.

Asimismo, en el primer semestre de cada legislatura habrá que realizar un Plan de Racionalización del Gasto con actuaciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con una evaluación y revisión anual que incluya un informe con propuestas de mejora.

Este trabajo, que realizará cada centro directivo, será coordinado por la Comisión ARGOS, que también hará un seguimiento e implantación de la contabilidad analítica, así como las propuestas derivadas de la misma.

FUNCIÓN PÚBLICA

En el ámbito de la organización administrativa y de los recursos humanos de la Administración regional, para una gestión lo más ágil y eficiente posible que facilite el desarrollo de las iniciativas empresariales en la Región, cabe resaltar que el texto da entrada a la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva y ocasional de procedimientos, así como a puestos de trabajo de carácter temporal.

Se trata de unidades con cometidos específicos y de estructuras de gestión temporales para la realización de determinadas actuaciones cuya duración no podrá ser superior a tres años y estará vinculada al desarrollo de dichas actuaciones.

También se fija que se puedan establecer puestos de trabajo de naturaleza temporal para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de conocimiento crítico en la Administración regional por la jubilación de empleados públicos.

Además, la norma posibilita que las entidades locales de la Región de Murcia puedan seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas de espera o relaciones de aspirantes seleccionados mediante procedimientos extraordinarios vigentes en la Administración regional, sin que la renuncia al puesto ofrecido suponga la exclusión de la lista de espera correspondiente.

El decreto ley establece la creación de la Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades, planificación y ejecución de los servicios de carácter digital.

Por último, la nueva norma regula las competencias del Instituto de Crédito y Finanzas en materia de sostenibilidad financiera y colaboración público-privada, a través del rediseño de sus competencias en esta materia, permitiéndole asumir un rol mucho más activo en la promoción de esta forma de colaboración.