COAG, Asaja, UPA y Fecoam pedirán a la Comunidad Autónoma agilidad en los trámites y que colabore con ayudas adicionales
MURCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones agrarias UPA, COAG-Murcia, Asaja y Fecoam esperan que el Gobierno central pague a los damnificados por las tormentas y el pedrisco caído a principios de agosto en la Región de Murcia antes de Navidad.
Así lo señalaron al término de una reunión con el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, para valorar los daños ocasionados por las mismas, quien indicó que "lógicamente, si somos más diligentes y hemos empezado antes con el protocolo de actuación que en otras ocasiones, con el fin de hacer efectivo cuanto antes el principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato, los agricultores tendrán que percibirán ese dinero mucho antes".
En el desarrollo de dicha reunión se analizó el Real Decreto Ley 12/2009 publicado el pasado 15 de agosto, por el que el Gobierno central aprobó medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Dicho Real Decreto extiende concretamente su ámbito de actuación a la Región de Murcia como una de las Comunidades Autónomas afectadas por tormentas acompañadas de vientos y granizo que, con fuerza inusitada, han destruido cosechas y cultivos.
En esta norma se prevé un régimen de ayudas específicas, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a reparar los daños ocasionados por las tormentas y la rápida recuperación de las zonas afectadas.
En concreto, el Real Decreto prevé indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el correspondiente Plan de seguros agrarios combinados hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento de su producción. También aquellas serán extensibles para las que en las fechas del siniestro no se hubiera iniciado el periodo de contratación del correspondiente seguro, siempre y cuando se hubiese contratado en la campaña anterior.
Para la determinación de la indemnización de las producciones agrícolas se valorarán las pérdidas registradas sobre la producción esperada en la campaña. En el caso de producciones agrícolas leñosas, como es el caso de muchos frutales de la Región, se tendrá en cuenta, además, una compensación equivalente al coste de reposición de las plantaciones afectadas y la posible repercusión que pudiera originarse en la cosecha de las próximas campañas.
Además de las indemnizaciones, el Real Decreto también incorpora beneficios fiscales, como pueden ser reducciones en el índice de rendimiento neto en lo que respecta a la estimación del IRPF o del IVA; así como medidas laborales y de Seguridad Social en el caso de que se produjeran Expedientes de Regulación de Empleo debidamente justificados y asociados a los daños valorados.
Asimismo, se ha instruido al ICO la apertura de una línea de préstamos por importe de 25 millones de euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y la demanda consiguiente.
Esta línea de crédito tiene como finalidad financiar la reposición o reparación de instalaciones y equipos agrícolas, ganaderos o de regadío, que se hayan visto dañados como consecuencia de los siniestros. Dispondrán de cinco año de plazo para su devolución y su interés será entre el 1,50 y el 2 por ciento TAE como máximo, pudiéndose solicitar a la entidad de crédito con la que el Gobierno establezca convenios hasta el 31 de diciembre de 2009.
AYUDAS TAMBIÉN DESDE LA COMUNIDAD
Las organizaciones agrarias, que se mostraron preocupadas por la pérdida de facturación por parte de la 'no producción' de los agricultores y la posibilidad de la pérdida de la calificación de OPCH, así como al no descuento del 10 por ciento de la totalidad del siniestro por aprovechamiento industrial, pidieron que se unifiquen criterios a la hora de la valoración, "lo más importante es unidad y empujar todos en la misma dirección", remarcó el presidente de Fecoam, Santiago Martínez.
Por su parte, el secretario general de Asaja-Murcia, que calificó la reunión de "provechosa" y felicitó a la Delegación por "su rapidez", señaló que la preocupación ahora "es que las ayudas lleguen rápidamente a los afectados", por lo que "esperamos que la Comunidad Autónoma realice la valoración de daños de una manera ágil y eficiente".
Al tiempo que aseguró que se reunirán en breve con miembros de la Comunidad Autónoma "para tratar todos estos aspectos, ya que es ésta la que canaliza el peso burocrático" y sobre todo de aquellos daños que como consecuencia de las normas del Real Decreto "no van a quedar amparados".
"Hay un número reducido de agricultores que tienen pérdidas y que están situados además en zonas desfavorecidas y que la cobertura a ese colectivo debería canalizarse también con ayudas adicionales, complementarias, por parte de la Comunidad Autónoma y así se lo plantearemos", añadió.
Por otra parte, el delegado del Gobierno informó, que al amparo del Real Decreto aprobado, se ha creado una "Comisión Interministerial de seguimiento de las medidas de apoyo a damnificados" en la que además de los distintos ministerios, las Comunidades Autónomas estarán representadas por la figura del delegado del Gobierno.
En este sentido, y dado que está prevista una reunión a principios de septiembre, González Tovar, además de expresar su voluntad de mantener una total coordinación con los representantes de los agricultores, indicó que se ha dirigido al consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, para que con la mayor urgencia posible se comunique a la Delegación del Gobierno los términos municipales y parajes afectados por las tormentas, así como la valoración de los daños materiales y por tipo de cultivo con indicación del lugar y extensión, con el fin de trasladar dicha información con la mayor brevedad a la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Por último, el delegado del Gobierno recordó que el Gobierno central realizó en 2007 modificaciones normativas para mejorar y agilizar las actuaciones administrativas ante situaciones de emergencia.
En concreto, el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril derogó expresamente el anterior RD 692/1981 por el que se establecían las medidas ante situaciones de emergencias o de naturaleza catastrófica.
Con ello desapareció la figura llamada "declaración de zona catastrófica" y fue sustituida por la aprobación de decretos leyes específicos cuando sea preciso adoptar medidas extraordinarias, adaptándose a cada circunstancias y agilizando e incluso eliminando algunos de los trámites burocráticos de la anterior normativa.
A la reunión asistieron desde COAG-Murcia, Pedro Lencina y Pedro García Albert; el secretario general de UPA, Marcos Alarcón y Antonio Moreno y por parte de Fecoam, su secretario general, Santiago Martínez, Manuel Soler Miras y Antonio Hernández. En representación de Asaja, su secretario general, Alfonso Gálvez y Fuensanta Caravaca.
Por parte de la Delegación del Gobierno, Rafael González Tovar, el director del Área de Agricultura y Pesca, Francisco Parrilla, y el Jefe de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Juan Llorente.
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