Critica que la Comunidad haya destinado un presupuesto de sólo 60.000 euros anuales a esta lucha
MURCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, José María Ortega, ha recordado este viernes que en la Región de Murcia existe una tasa de economía irregular que ha sido cifrado entre un 27 y un 30 por ciento de la actividad económica regional por el propio presidente Ramón Luis Valcárcel.
Esta situación está acarreando un "enorme prejuicio" al conjunto de la ciudadanía, en tanto que supone una importante disminución de ingresos para la Administración Pública y una "competencia desleal" frente a los empresarios y trabajadores que sí pagan sus impuestos, ha señalado en rueda de prensa.
Por ello Ortega considera que, durante los últimos años, la Administración regional "ha mirado para otro lado, con el consiguiente daño a la economía regional".
Así, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha destinado un presupuesto de sólo 60.000 euros anuales a la lucha contra la economía sumergida, cantidad del todo ridícula e insuficiente, dada la magnitud del problema.
Por todo ello, el diputado de IU en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha presentado una batería de preguntas sobre la materia destinadas a impulsar "la hasta ahora casi inexistente acción de gobierno en este tema".
Con fecha 30 de julio el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha recibido respuesta a sus iniciativas. En el mencionado documento de respuesta, el Gobierno anuncia la elaboración de un Anteproyecto de ley integral de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
Tanto IU-Verdes de la Región de Murcia como el diputado de IU Ricardo Sixto realizarán, a partir de ahora, un importante seguimiento de las iniciativas que lleve a cabo el gobierno en dicha materia, ha explicado Ortega.
Asimismo, IU-Verdes exigirá tanto a Valcárcel como al Gobierno central "menos palabras y más compromiso" en la materia, hasta conseguir el afloramiento del tejido productivo hoy en situación irregular, con el consiguiente beneficio para el empleo y la financiación de los servicios públicos.
