Los partidos trabajarán en el proyecto de ley de Servicios Sociales, que unifica prestaciones en todos los municipios

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Publicado: miércoles, 14 octubre 2020 11:52

CARTAGENA (MURCIA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios trabajarán conjuntamente en el proyecto de ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia que el Gobierno de PP y Cs ha llevado a la Cámara. Los cincos grupos han votado a favor de la toma en consideración de la norma, que unifica, entre otras cosas, las prestaciones entre los 45 municipios.

La consejera de Política Social, Isabel Franco, ha propuesto a los grupos parlamentarios "no mirar atrás y ponernos a trabajar para ser rápidos para que la ley se convierta en la respuesta que necesitan los ciudadanos y que logremos esa igualdad real entre personas".

Según ha expuesto, la ley plantea la creación de un catálogo de Derechos Sociales que permita llegar a todos los ciudadanos que lo necesiten. La norma, ha explicado, es un "texto de tercera generación" que pretende unificar la atención que se reciben en todos los municipios de la Región.

En el texto, que sustituiría la norma actual que data del año 2003, se introduce la Historia Social Única y se incluyen también ayudas a víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. Se crea también la figura del profesional de referencia, que atenderá de forma individualizada todas las demandas de prestaciones, ya sean económicas, sociales o sanitarias.

Del mismo modo se incluye la creación del Consejo de Coordinación Territorial, que será el que garantice la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de Atención Primaria y protección social, considerando además la atención de calidad como un derecho de los usuarios.

En cuanto a los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Toñi Abenza, ha recordado que llevan "años" reivindicando esta ley. Coree que ha sido la pandemia la que ha hecho que " López Miras desempolvara y sacara del cajón el proyecto de ley de Servicios Sociales".

La parlamentaria ha criticado que el proyecto de ley se remita "en ocasiones relevantes" a desarrollos reglamentarios, como las condiciones para las entidades locales de menos de 10.000 habitantes, las ratios mínimas o la coordinación, "algo absolutamente inadmisible, teniendo en cuenta que se trata de la admisión a trámite de una ley, cuya predecesora de 2003, ha batido récord de incumplimiento en el desarrollo reglamentario", ha dicho.

Desde VOX, Juan José Liarte, ha echado en falta "más concreción" en algunos aspectos de la ley, aunque considera que esa concreción podrá llegar en el trabajo parlamentario que realicen ellos a posteriori.

La diputada de Podemos, María Marín, ha recordado que se ha tardado 17 años en reformar la ley de Servicios Sociales. Ha pedido que la ley sea "algo más que una mera declaración de intenciones". Durante su exposición ha aludido también al informe Foessa que expone que un 72,5% de los ciudadanos de la Región considera que "se debería destinar mucho más dinero a los servicios sociales".

En cuanto a Ciudadanos, su diputado Francisco Álvarez ha indicado que se trata de una ley que "mejorará la calidad de vida" de las personas y que propugnará una "política integral de apoyo a las familias". Considera positivo que se incorpore la Historia Social Única y el catálogo de prestaciones y que el sistema de Servicios Sociales "se entienda como un sistema de protección para la sociedad con especial atención a los colectivos vulnerables".

Finalmente, la diputada del PP Maruja Pelegrín ha subrayado que el objetivo de la norma es reducir la desigualdad y mejorar la vida de las personas garantizando su pleno desarrollo en la sociedad". "El bienestar social es la máxima de este proyecto normativo y para ello las Administraciones ponen al servicio de las personas un catálogo de servicios garantizados por ley". Ella ha destacado entre las prestaciones garantizadas la Renta Básica de Inserción, la protección de menores, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y la atención temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla.

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