CARTAGENA (MURCIA), 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Región de Murcia atesora una tasa de ocupación de las personas con discapacidad del 38,5%. La cifra es de cuatro puntos por encima de la media nacional, donde la tasa de ocupación es del 34,3%, según ha recalcado la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez durante su comparecencia en la Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional.
"Los datos muestran que la tasa de actividad ha aumentado un punto en un solo año, del 2019 al 2020", ha recordado la consejera, quien ha insistido en que esa tasa se sitúa en la Región cuatro años por encima con respecto a la media nacional.
Miguélez ha comparecido en el parlamento regional para dar cuenta del grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en esta materia. Según ha expuesto, dos de las tres resoluciones aprobadas excedían el ámbito competencial de la administración regional. En ese sentido, ha recordado que las prestaciones de empleo "son competencia del Estado" y que el seguimiento del cumplimiento de que las empresas de más de 50 trabajadores reserven un 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad "corresponde a la Inspección de Trabajo".
Durante su intervención, Miguélez ha apuntado que de los 68 millones de euros que tiene el SEF para ayudas, 11 millones son para personas con discapacidad. Esto supone el 16% del presupuesto del SEF. "Y de esos 11 millones, 7,7 millones de euros están destinados a los gastos salariales de los centros de empleo", ha advertido la consejera.
Según los datos aportados, en la Región hay 53 centros especiales de empleo que dan trabajo a 1.958 personas con discapacidad y que emplean a 258 personas sin discapacidad. "El año pasado eran 1600 personas y este año 2200 personas", ha recalcado la consejera, quien ha hecho alusión a un informe de Adecco en el que se ponía de manifiesto la "escasa penetración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Más de las tres cuartas partes de los contratos a personas con discapacidad se suscriben en el ámbito protegido". La cifra, ha continuado la consejera, supera en 10 puntos porcentuales a las de hace una década. "Es importante que mantengamos el apoyo a los centros especiales de empleo, pero también que aumenten las posibilidades y oportunidades del acceso a la empresa ordinaria", ha dicho.
Miguélez ha informado de que en el presupuesto de este año se ha puesto el acento en las ayudas a la contratación indefinida. "Esta partida del presupuesto de 2022 se ha incrementado en un 15,5% situándose por encima de un millón de euros y gracias a estas ayudas solo el año pasado 343 personas con discapacidad fueron contratadas de forma indefinida en el mercado ordinario".
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza ha advertido de la necesidad de comprobar que son efectivas las campañas para que las empresas de más de 50 trabajadores haya contratado, por lo menos, al 2% de personas con discapacidad, "aunque sabemos que esa no es la realidad", ha apuntado.
Desde el Grupo Mixto, Rafael Esteban, de Podemos, ha dicho que "aún queda mucho por hacer" para favorecer la integración de las personas con discapacidad. A su juicio, la Consejería debe "ponerse las pilas cuanto antes". En su intervención ha hecho alusión de que en las resoluciones figura que en la Administración se va a llegar a un 7% de todos los contratos de la Administración Regional que sean para entidades de inserción. "Hay que conseguir llegar a ese porcentaje", ha reiterado.
El diputado de VOX, Juan José Liarte, ha dicho que las personas que sufren una discapacidad son "personas antes que personas discapacitadas", en alusión a la intervención de la diputada del PSOE en la que Abenza señalaba lo mismo. Considera que "en ocasiones lo que se está haciendo una discriminación positiva. Demasiadas veces tendemos a un no discernimiento y pensar que ayudamos a una persona o a un colectivo en lugar de ayudarles a ser persona completa, alcanzar nuestro potencial máximo dentro de las circunstancias de cada uno".
Por parte del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, ha apuntado que la inserción laboral "es necesaria para constituir una sociedad mejor y es una manera de conseguir cierto grado de autonomía en las personas con discapacidad". A su juicio, las empresas son los principales agentes sociales en esta tarea.
Finalmente, la diputada del PP Maruja Pelegrín ha hecho referencia a "las convocatorias de fomento del autoempleo, que incluyen la discapacidad como una de las situaciones que dan acceso a una cuantía mayor de la ayuda", de tal forma que "el año pasado, 30 personas con discapacidad accedieron así a una ayuda para realizar una actividad por cuenta propia, por un importe total de las ayudas de 231.000 euros".
