Llamazares pide una reforma legal para que los cargos públicos procesados sean apartados automáticamente de las instituciones
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, retó hoy al Gobierno y al resto de formaciones políticas a demostrar su compromiso contra la corrupción y la especulación urbanística sumándose al 'Pacto democrático contra la corrupción' promovido por su formación. Este documento plantea, entre otras cosas, varias reformas legales, como una de la Ley Electoral para que los cargos públicos procesados en casos relacionados con estos delitos sean automáticamente apartados de las instituciones.
Para escenificar su "compromiso solemne" contra esta "patología política", el líder de IU firmó hoy ante notario su propuesta de pacto, que también ha registrado en el Ministerio de Administraciones Públicas, con el objetivo de que el ministro del ramo, Jordi Sevilla, se anime a liderar la iniciativa y a implicar al Ejecutivo en su puesta en marcha.
La semana pasada, Llamazares ya envió este documento al resto de fuerzas políticas y las convocó a una reunión para intentar impulsarlo conjuntamente. Sin embargo, al no haber recibido respuesta, ha optado por actuar en solitario para dejar claro el empeño de IU en luchar contra esta lacra.
Según explicó en rueda de prensa en el Congreso, también va a remitir el texto del pacto a organizaciones sociales, fundamentalmente ecologistas, que luchan contra la especulación para que hagan de "notarios civiles" del mismo.
ESTE ES EL DEBATE, Y NO BATASUNA.
En opinión de Llamazares, es este fenómeno y no el debate sobre la presencia de Batasuna en los comicios el que debe centrar la campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas porque tras ellas se dilucidará si hay un verdadero "cambio" y si los partidos son capaces de "para los pies a la corrupción y la especulación" que son las que, a su juicio, impiden el ejercicio de derechos ciudadanos como el acceso a la vivienda y la conservación del medio ambiente.
Por todo ello, retó al resto de fuerzas políticas a pasar de la "retórica" y la "propaganda" a la acción suscribiendo el pacto propuesto por su formación y que aspira a que funcione de la misma manera que el vigente 'Pacto antitransfuguismo', un instrumento que considera insuficiente para hacer frente a este fenómeno.
Desde el punto de vista de IU, el crecimiento desproporcionado del sector inmobiliario, "especialmente tras la Ley del Suelo de 1999, ha alimentado esta enfermedad y ha supuesto un verdadero golpe mortal a la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, en las formaciones políticas y en el sistema de partidos que la Constitución consagra como la mejor fórmula de participación ciudadana".
Precisamente para impedir que "cuatro inmorales" enturbien la "confianza en el trabajo de la inmensa mayoría de alcaldes y concejales sin excepción partidaria", IU aboga por "separar sin contemplaciones las manzanas podridas de las sanas".
CODIGO ÉTICO.
En este sentido, el primer punto del pacto recoge la creación de un 'Código ético de conducta del cargo público', que incluirá los principios de compromiso para luchar contra la especulación urbanística, el tráfico de influencias y la malversación de recursos públicos o privados.
También les obligaría a denunciar aquellos presuntos casos de los que pudieran tener conocimiento y a no formar gobierno con tránsfugas o personas imputadas o procesadas en firme por delitos relacionados con la corrupción política y urbanística. De la misma manera, Llamazares expresó su preocupación por el hecho de que algunos partidos presenten en sus listas a candidatos procesados por estos delitos y demandó que sean automáticamente expulsados de sus respectivas formaciones, así como una reforma de la ley electoral para que sean apartados "de las instituciones de modo preventivo" si ya han sido elegidos.
Asimismo, la propuesta de pacto de IU incluye un conjunto de medidas a aplicar por el Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos. Entre otras cosas, plantean más especialización en estos temas por parte de la judicatura y las fuerzas de seguridad, así como más recursos materiales y personales en este ámbito.
REGISTRO DE TENEDORES DE BILLETES DE 500.
En la misma línea, demandan que la Agencia Tributaria investigue los incrementos desmesurados de patrimonio y un plan de actuación para luchar contra la corrupción en el que participen varios ministerios. Este plan debería contemplar un endurecimiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos y la creación de dos registros públicos: uno de recalificaciones y otro de tenedores de billetes de 500 euros.
El apoyo a las moratorias urbanísticas y un conjunto de reformas legislativas completan la propuesta de IU. En concreto pide cambios en la Ley del Gobierno Local --para garantizar la financiación de los ayuntamientos--, las leyes del suelo y de financiación de partidos políticos, y del delito de prevaricación y cohecho, con el fin de "garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción política ligada al urbanismo".
Por último, IU defiende el reforzamiento de la evaluación ambiental de los procesos urbanísticos, la elaboración de leyes autonómicas de ordenamiento estratégico del territorio, el establecimiento de límites al crecimiento urbano con parámetros objetivos y la persecución de las recalificaciones indiscriminadas.
