27-M.- La Junta Electoral anuncia que depurará irregularidades en el censo y acudirá a la Fiscalía cuando aprecie delito

Actualizado: martes, 24 abril 2007 13:10

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha manifestado su voluntad de "continuar con la tarea de depuración de eventuales irregularidades" en el censo electoral tras recibir el informe sobre control de altas y bajas elaborado por la Oficina del Censo Electoral. Además, advierte de que, si aprecia posible delito, informará al Ministerio Fiscal.

Así lo asegura el organismo arbitral, reunido anoche en el Congreso, a través de una nota de prensa. La JEC relata que en esa reunión tuvo conocimiento de los datos aportados por la Oficina del Censo Electoral y reitera su compromiso de ejercer "plenamente la función que tiene atribuida de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral" para los comicios municipales y autonómicos del próximo 27 mayo.

En este sentido, avanza que continuará con la tarea de "depuración de eventuales irregularidades" en el censo y que cuando advierta que "de las irregularidades apreciadas puedan desprenderse eventuales actuaciones delictivas", dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.

El informe elaborado por la Oficina del Censo Electoral que ha sido trasladado a la JEC alerta de variaciones "significativas" del censo en 35 municipios y 51 entidades locales menores, entre los meses de junio de 2006 y abril de 2007 y avisa al organismo arbitral que 68 de esos municipios no han enviado la información que se les requirió para justificar dichas altas.

NUEVE DENUNCIAS EN LA FISCALÍA.

Además, la Oficina del Censo Electoral informa de que se han realizado o están en curso inspecciones en 10 municipios, con el objetivo de comprobar la veracidad de las altas comunicadas por los ayuntamientos. La OCE también ha investigado reclamaciones de particulares y de grupos políticos en 11 municipios.

Como consecuencia de todas estas actuaciones, la OCE ha presentado denuncias ante el Ministerio Fiscal sobre nueve ayuntamientos en los que existen indicios de irregularidades en la gestión de su número de electores.