MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Medio Ambiente dirigida por el comisario Stavros Dimas, ha remitido una carta al Ayuntamiento de Madrid mostrando su opinión favorable al procedimiento y al calendario de aplicación de las medidas propuestas por el Gobierno municipal para resolver el conflicto jurídico en torno a la reforma de la M-30.
La misiva señala que el procedimiento y el calendario de aplicación de estas medidas son "realistas, justificadas y aceptables", aunque también apunta que el Consistorio deberá seguir informando de manera trimestral y que lo acordado por la Dirección General de Medio Ambiente "no puede prejuzgar las decisiones que sobre este procedimiento de infracción pudiera adoptar la Comisión" más adelante.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, dio a conocer hoy, tras la Junta de Gobierno, el contenido de este texto, enviado el pasado día 4, y aseguró que la Comisión Europea se expresa en "términos elogiosos" al referirse a la propuesta del Ayuntamiento, por lo que se ha alcanzado "un acuerdo" entre las dos partes.
Gallardón recordó que desde Bruselas ya se aceptaron, el pasado mes de octubre, las propuestas que se remitieron en respuesta a la Carta de Emplazamiento, que consistían en elaborar un estudio ambiental de los proyectos ya realizados o en ejecución y en poner en marcha un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos pendientes.
El regidor destacó que es "importante" diferenciar ambos procesos. Así, explicó que el procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental incluye el estudio de impacto ambiental, un periodo de información pública, una evaluación por la autoridad ambiental competente y la emisión de una declaración de impacto ambiental.
"Esto es lo que propusimos en el caso de los tres proyectos aprobados que están pendientes para la próxima legislatura, los dos que componen el by-pass norte y, el tercero, la conexión de éste con la A-1, evaluando además todos los impactos del proyecto, así como los acumulados del conjunto de la reforma de la M-30", indicó Gallardón.
Mientras, según detalló el máximo responsable municipal, en el caso de los proyectos ya ejecutados o en vías de finalización, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea acepta que se realicen "únicamente" los estudios de impacto ambiental, y no el resto del procedimiento de evaluación, con objeto de determinar si es o no necesaria la adopción de alguna otra medida complementaria a las ya dispuestas para reducir o eliminar eventuales impactos ambientales.
NO PREJUZGA DECISIONES DE BRUSELAS
En concreto, el procedimiento y el calendario acordado consisten en que entre enero y octubre de este año se elabore el estudio ambiental equivalente de los proyectos ya ejecutados o en ejecución. Entre enero y diciembre de este año también se llevarán a cabo los estudios ambientales y se facilitará la documentación técnica para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos no iniciados, mientras que entre enero y septiembre de 2008 se deberá tramitar el procedimiento de evaluación ambiental.
Desde el inicio de estos procesos hasta su finalización, es obligación del Ayuntamiento mantener permanentemente informada a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Según Gallardón, todo ello significa que "ahora" el Gobierno municipal dispone de "todos los elementos necesarios para dar por zanjado, definitivamente, el conflicto jurídico en torno a la reforma de la M-30".
ESPÍRITU DE COLABORACIÓN DE LA COMISIÓN
"Para ello, basta con desarrollar estas actividades en sus tiempos, lo que haremos con la máxima diligencia y dedicación, informando cumplidamente a la Dirección General de Medio Ambiente de los avances en las mismas", añadió el alcalde, quien manifestó que desde el Ayuntamiento se valora "muy positivamente" el "espíritu de colaboración institucional" que ha mostrado la Comisión Europea y la "sensibilidad" con la que ha apreciado la "actitud" y las "propuestas" del Gobierno municipal, "teniendo en cuenta que se trata de un proyecto clave para la ciudad y para la calidad de vida de los madrileños".
Además, Ruiz-Gallardón reiteró que las obras de la M-30 estarán terminadas "en los plazos comprometidos, con todas las garantías y tal y como se comenzaron, respetando escrupulosamente la legalidad, de acuerdo con el dictamen que en su momento emitió el Consejo de Estado y los nueve pronunciamientos judiciales emitidos sobre el particular, todos ellos favorables a la posición del Ayuntamiento de Madrid".
Finalmente, el regidor subrayó que a pesar de esta decisión de Bruselas y de que el conflicto jurídico se dé por "zanjado", la legislación por la que se originó "sigue ahí", por lo que otras administraciones públicas pueden verse en la misma situación que el Consistorio madrileño.