MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La inmensa mayoría de los inmuebles públicos que el Gobierno pretende poner a la venta, el 46 por ciento, pertenecen a Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa y al Instituto de la Vivienda, según consta en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
En concreto, de la lista de 15.135 edificios enajenables repartidos por toda España elaborada por el Ejecutivo, la mayoría de ellos, 8.170 pertenecían hasta ahora al Ministerio de Defensa y al Instituto de la Vivienda.
Además, la lista recoge otros 5.017 edificios a la venta de Patrimonio del Estado, 1.524 de Adif, 131 de las sociedades del Grupo SEPI --112 de Correos y 19 de SEPIDES--, 117 de la Tesorería General de la Seguridad Social y otros 19 de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado.
El Gobierno había logrado hasta el pasado mes de mayo un ingreso en caja acumulado por enajenación de edificios públicos un total de 88,57 millones de euros, de los cuales 10,17 corresponden a la Dirección General de Patrimonio del Estado, 75,99 al Instituto de la Vivienda e Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa y los 2,41 restantes a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.
Asimismo, el Ejecutivo ha ahorrado otros 40,8 millones de euros hasta mayo en alquileres de edificios públicos. El Ejecutivo ha actuado sobre 332 contratos de arrendamiento de los 1.405 existentes a fecha de 1 de enero de 2012, lo que le ha permitido un ahorro objetivo del 61,7 por ciento.
Así, el ahorro en inmuebles de la Administración General del Estado ha ascendido a 26,8 millones de euros, mientras que se ha reducido el gasto en 14 millones de euros en los que respecta a Organismos Públicos.
El objetivo del Gobierno es lograr una reducción del 20 por ciento del importe de los arrendamientos en dos años, una tarea que considera "adecuada".
Entre las medidas de ahorro contempladas por el Ejecutivo, también figura una reducción del parque móvil del Estado y del parque de las Delegaciones del Gobierno. Así, las previsiones contemplan una reducción del número de conductores de los 1.002 de 2012 a 852 para el próximo año, mientras que los vehículos asignados pasarían de 921 a 652 en el mismo periodo.
