Los 63 acusados de vender y comprar carnés de conducir falsos no irán a la cárcel tras alcanzar un acuerdo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 63 individuos que compraron carnés de conducir falsificados y el trabajador de la Jefatura Provincial de Tráfico que, junto a cuatro colaboradores, gestionó los permisos de conducción de manera ilícita, no entrarán en prisión después de que el Ministerio Público y las distintas representaciones jurídicas de los acusados llegaran hoy a una conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que el principal inculpado y sus cuatro cómplices aceptaron un año, cinco meses y ocho días de prisión, por lo que no necesitan entrar en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años; cuatro años de inhabilitación y una multa de 10.180 euros por dos delitos de cohecho y falsedad documental.

Por su parte, los 63 compradores, que se enfrentaban a penas de un año y nueve meses de cárcel, han sido condenados al pago de 540 euros de multa --a razón de dos euros diarios durante nueve meses--, ya que en el acuerdo alcanzado se ha tenido en cuenta como atenuante la dilación judicial.

Según el fiscal, el principal acusado, M.E.O.M., "con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito", organizó una red con otros cuatro acusados que "solían desarrollar gestiones de diverso tipo con Tráfico", para que "captaran" a personas que pretendían obtener el permiso de conducir "a cambio de elevadas cantidades de dinero sin tener que superar ninguno de los exámenes exigidos legalmente".

El Ministerio Público considera que el procedimiento puesto en marcha por el principal inculpado consistía en "el canje por carnés de conducir militares". De esta manera, el procesado, a través de los funcionarios que manejaban las terminales de ordenador de la Dirección General de tráfico, introducía los datos de los compradores en la terminal "haciendo constar que el carné se expedía por canje de uno militar o extranjero".

El fiscal añade que los compradores "conocían y consentían la ilicitud del procedimiento para la obtención del mismo, al ser conscientes de que se les entregaba el permiso de conducir sin superar ninguna de las pruebas teóricas y prácticas exigidas".

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, diez años de prisión para M.E.O.M. así como el pago de 202.880 euros en concepto de multa y 15 años de inhabilitación. Asimismo, para los cuatro colaboradores el fiscal pedía un total de cuatro años y cinco meses de cárcel para dos de ellos y cuatro años y tres meses para los otros dos, por sendos delitos de cohecho y falsedad.

Finalmente, para los 63 compradores de carnés falsos el fiscal solicitaba un año y nueve meses de prisión, así como una multa de 720 euros --a razón de seis euros diarios durante cuatro meses--.