La Abogacía defiende que la violencia no formó parte del plan de los acusados y sólo cometieron sedición

Carga contra los Jordis como líderes de la movilización social y quisieron "exhibirlo" subiendo a los coches de la Guardia Civil El fiscal: "Lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado" y Junqueras fue el "motor de la rebelión" La abogada del Estado Rosa María Seoane ha defendido este martes en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo la condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados. Para la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal, que comprende la existencia de un "alzamiento público tumultuario" que incluye el uso de la fuerza. Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento" que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que hoy se juzgan en el alto tribunal. Para Seoane, "queda fuera de toda duda" que los hoy procesados en prisión, "cada uno dentro de su rol, hicieron su parte" y fueron coautores de la sedición, pero no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a la rebelión. Y todo ello pese a producirse un "alzamiento" ,especialmente en la jornada del 1-O, de dos millones de personas que se movilizaron de forma masiva en toda Cataluña. Igualmente, Seoane ha acreditado la comisión por los exmiembros del Govern sentados en el banquillo de un delito de malversación de fondos públicos que acredita el modo de actuar de todos ellos en aquellos días, que no fue sino "la adscripción de todos los elementos materiales y humanos de la Generalitat" al objetivo secesionista. Esta postura supone, en síntesis, una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía, ya que se quedarían entere los 8 y 12 años de cárcel. Las del Ministerio Público, sin embargo, van desde los 25 años solicitados para Oriol Junqueras a los 17 para algunos acusados de rebelión, rebajándose a 7 años en el caso de los tres acusados únicamente de desobediencia y malversación. La alusión a la inexistencia de la violencia que exige la rebelión no se produjo hasta el final del alegato de la Abogada del Estado, que consumió la mayor marte de la hora y media de su discurso en destacar los hechos que esta parte considera probados tras casi cuatro meses de juicio y que se articulan en tres pilares -curiosamente los mismos apuntados por el fiscal Javier Zaragoza-: la aprobación de resoluciones y leyes ilegales por el Parlament -que ha citado exhaustivamente-; el despliegue administrativo del Govern de Carles Puigdemont para impulsar el referéndum y la movilización social. Respecto de este último punto, la abogada del Estado se ha detenido especialmente en el papel jugado en la jornada del 20 de septiembre de 2017 por los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) Según esta parte se dotó a ANC de un poder de movilización excepcional que tuvo su hito en la jornada del 20-N con ocasión de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Ha dicho que incluso la pericial sociológica presentada por las defensas reconocieron el liderazgo de Sánchez y a Cuixart, a lo que se suma el hecho que todas las instrucciones que daban fueran ejecutadas por voluntarios y por las personas que acudían a las concentraciones. Todo ello lo acreditan los vídeos vistos en la fase documental, que evidencian dicho liderazgo según la abogada del Estado. Como ejemplos, que tuvieran el poder de desconvocar la manifestación multitudinaria del 20-S frente a la Consejería de Economía o que decidieran como necesario "exhibirse" subiéndose a los coches destrozados de la Guardia Civil para dirigirse a la multitud, pese a contar con medios técnicos para hacerse oír que no lo hubieran hecho necesario. DOCUMENTOS CLAVE Entre las principales pruebas documentales, las de la Abogacía también han coincidido con las destacadas en la sesión de la mañana por los representantes del Ministerio Público, y en este sentido ha citado la Hoja de Ruta firmada por partidos independentistas y organizaciones sociales en marzo de 2015, que acabó convirtiéndose en programa político; o la elaborada por la ANC en mayo de dicho año, "que refleja el concierto de voluntades para hacer un referéndum que contara con un marco legal". Destacan entre todos los documentos encontrados a Josep María Llové, mano derecha de Junqueras, y que son el denominado 'Enfocats' y especialmente la agenda Moleskine en la que el asesor reflejó la existencia de reuniones y apuntó contenidos que finalmente se reflejaron en la realidad de lo ocurrido en dichos días. Uno de estos apuntes señalaba que "todos los departamentos juegan, Economía coordina", tal y como finalmente ocurrió con la Consejería del exvicepresident. También se ha referido a la puesta en marcha del dispositivo policial 'Ágora', que daba respuesta según la Abogacía del Estado "al clima de tensión creciente por la deriva de los acontecimientos". Ha destacado en este punto la reunión que Puigdemont mantuvo con el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Nieto en la que éstos instaron la desconvocatoria del rererémdum sin resultado alguno.

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