MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, recordó hoy que el caso 'Ballena Blanca', en el que el fiscal ha formulado acusación contra 21 personas, "es un procedimiento abierto", por lo que instó a que "dejemos trabajar, que el proceso continúe por sus cauces y veremos al final".
Consideró que "las valoraciones hay que hacerlas en el desenlace y el desenlace no se ha producido", señalando que por el momento hay escrito de calificación inicial del ministerio fiscal, en el que se solicita 65 años de prisión y el pago de más de 84 millones de euros de multa para los 21 acusados, entre ellos el letrado Fernando del Valle.
"Es un procedimiento abierto, hay que respetar la independencia tanto de los tribunales como de las defensas de imputados y de perjudicados", precisó el presidente del CGAE, que asistió hoy en Málaga capital a la inauguración de la primera calle de España que lleva el nombre 'Abogados de oficio' y participó en la celebración del día dedicado a estos letrados.
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso 'Ballena blanca' en el que se solicita la apertura de juicio oral y se acusa a 21 personas, seis de ellas españolas, y la mayoría clientes del bufete de abogados de Del Valle; aunque también hay procesados que son empleados de dicho despacho y dos notarios.
Los hechos que se detallan constituyen 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 de falsedad documental, también continuados; y dos de falso testimonio. Así, para Del Valle se solicitan 15 años de cárcel, al acusarle por todos los delitos de falsedad, por 13 de blanqueo, tres contra la hacienda pública y uno de falso testimonio.
Para este principal acusado, el fiscal estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma conjunta de 12 millones de euros y señala que el letrado había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.
Según se recoge en el escrito, de 208 páginas, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.