El letrado de César Puig y de Carles Puigdemont afirma que los procesados acataron siempre los mandatos judiciales
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El letrado Jaime Alonso-Cuevillas ha tildado este lunes de "disparate jurídico" el procesamiento del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y de los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler por delito de organización criminal en la causa en la que se investigan los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre.
El letrado, que ejerce la defensa de César Puig y también del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha explicado al fin de la vista que ha acogido la Audiencia Nacional para estudiar los recursos de apelación de los tres procesados y de la intendente Teresa Laplana, que ese tipo penal está previsto para organizaciones mafiosas y "nada tiene que ver" con los hechos que se han investigado.
Durante la vista, que se ha alargado cerca de dos horas, los letrados de los cuatro procesados por los delitos de sedición y organización criminal han reproducido ante los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal los argumentos recogidos en sus recursos contra el auto de procesamiento de la magistrada Carmen Lamela del pasado 4 de abril y han insistido en que ha quedado probado que los Mossos d'Esquadra siempre obedecieron los mandatos judiciales.
Al respecto, Alonso-Cuevillas ha asegurado que "consta sobradamente en todas las reuniones previas" a la celebración del referéndum ilegal del 1-O que este cuerpo judicial siempre mantuvo la postura de que obedecerían a la "autoridad judicial". "Imputar de connivencia a los Mossos está fuera de lugar", ha insistido ante las preguntas de algunos periodistas, ya que se ha negado a atender a los medios gráficos.
REUNIONES CON LA CÚPULA DEL GOVERN
El letrado se refiere así a unas reuniones que tuvieron lugar en la sede del Govern catalán los días 26 y 28 de septiembre mantenidas entre Trapero y otros altos cargos del cuerpo policial con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn.
A las mismas hizo alusión el exjefe de los Mossos en su declaración ante la juez Lamela el pasado mes de febrero. Trapero dijo entonces que buscó reunirse con la cúpula del gobierno catalán para trasladarles la preocupación existente en el cuerpo policial para mantener la seguridad ciudadana en la celebración de la consulta del 1-O, prohibida por el Tribunal Constitucional.
Fuentes presentes en la vista celebrada este lunes han explicado que la Fiscalía ha mantenido ante los magistrados que insisten indicios de la comisión de los delitos que se les imputan por la consulta y por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre en el asedio a la Consejería de Economía durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
ABSOLUCIÓN DE LOS CUATRO PROCESADOS
Las defensas, por su parte, han considerado que los indicios de la Fiscalía no se sostienen y han pedido la absolución de los cuatro procesados, como ya hicieron en el escrito presentado ante la Sala después de que la magistrada instructora desestimara los recursos de reforma interpuestos contra el auto de procesamiento.
Precisamente con este auto fechado a comienzos de abril, la magistrada dio por terminada la instrucción de esta causa que comenzó a finales de septiembre contra Trapero a quien procesa por dos delitos de sedición y uno de organización criminal, Puig y Soler por por organización criminal y un único delito de sedición y Laplana, a quien la juez le atribuye un solo delito sedición en relación con los incidentes de septiembre.
Tras las pesquisas realizadas, la juez Lamela concluyó que Trapero y los exjefes políticos de los Mossos integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña", con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas, que fue lo que "en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".
