Creen que "no cabe someter a condición ninguna, ni de disolución, ni de arrepentimiento, ni de perdón" el respeto de los derechos de los presos
SAN SEBASTIÁN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Abogados del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) han asegurado que no contemplan una respuesta negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a las peticiones de acercamiento realizadas por reclusos de la banda por motivos de salud o por su avanzada edad, y han subrayado que, "si alguien estuviera realizando un fraude de ley, sería el Estado español" en caso de que mantenga la dispersión, puesto que esta medida "no tiene ningún basamento legal".
Asimismo, han exigido al Ejecutivo que "cumpla y acate la ley" porque "no cabe someter a condición ninguna, ni de disolución ni de arrepentimiento ni de desarme ni de perdón, el respeto de unos derechos fundamentales de los presos".
Los abogados Aiert Larrarte y Alfonso Zenon, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para valorar las recientes solicitudes efectuadas por presos de ETA solicitando su traslado al País Vasco, han replicado, de este modo, al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha considerado que estas peticiones tienen "visos" de convertirse en "fraude de Ley", y ha advertido de que, en caso de que no sean "sinceras", se desestimarán.
Los letrados han explicado que los presos mayores de 70 años o con enfermedades graves han comenzado a presentar de forma individual las peticiones de traslado a Zaballa, aunque no han contabilizado aún el número total de solicitudes, que deberán ser tramitadas por la Junta de Tratamiento de cada prisión.
Este órgano tiene un plazo máximo de seis meses para realizar su informe, que, posteriormente, pasará a Instituciones Penitenciarias para tomar la decisión final.
BLOQUES
Zenon ha explicado que las peticiones constan de tres bloques. En el primero de ellos el preso hace un repaso de su situación, cuántos lleva encarcelado, por cuántas cárceles ha pasado, a cuántos kilómetros se encuentra de su domicilio y datos sobre familiares y visitas.
En el segundo, los reclusos se adhieren a los compromisos manifestados por el EPPK en junio y diciembre, mientras que en el tercero se desarrolla la argumentación jurídica para su traslado a la prisión alavesa de Zaballa y para que se acabe con la dispersión a la que están sometidos. Además, dada su situación de avanzada edad o por padecer una enfermedad grave, se solicita la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El citado artículo, que ya ha sido aplicado en otras ocasiones a presos de ETA enfermos, permite una "flexibilización" del régimen penitenciario, que otorgue al recluso "características del abierto o de semilibertad" como el control con pulseras o tobilleras electrónicas, o el arresto domiciliario, entre otras medidas.
Zenon ha explicado que en las argumentaciones se hace hincapié, tanto en la legislación española como en los distintos convenios y recomendaciones internacionales que existen, además de en una última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2013 en la que dictamina que "el mantener a un preso a kilómetros de su lugar de origen vulnera sus derechos a la intimidad y a la vida familiar".
El abogado ha precisado que, entre los nombres de presos que van a solicitar el acercamiento que se han citado en los medios, cuatro de ellos ya habían realizado las peticiones "hace tiempo" y su "camino ya está en marcha por su situación de extrema gravedad". Se trata de Aitzol Gogorza, Txus Martín, Ibón Fernández Iradi y Ventura Tomé.
"MEDIDA REPRESIVA"
Según ha afirmado, los reclusos piden que se acabe con la dispersión porque se trata de una "medida política represiva que en ningún momento ha tenido un basamento legal". En ese sentido, ha remarcado que, tanto la legislación española como la internacional, "dictaminan que el preso debe de estar encarcelado lo más próximo posible a su lugar de origen para respetar el fin resocializador de la pena".
Zenon ha señalado que no hay ninguna legislación que "suspenda los derechos fundamentales de los presos porque estemos en periodo electoral o preelectoral", al tiempo que ha remarcado que las peticiones realizadas por sus defendidos están "basadas en la legalidad", por lo que no contemplan que se les dé una respuesta negativa, puesto que "sería ir contra la ley, contra el ordenamiento jurídico y los derechos humanos".
Finalmente, ha afirmado que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado en contra de la dispersión, el Estado debe acatarlo. "Lo que no sería comprensible es que se obligue a los presos vascos a realizar todo un camino jurídico, un calvario, y teniendo que acabar en Europa, como se obligó con el caso de la doctrina Parot", ha concluido.
