Acuerdan penas mínimas para los autores de una estafa inmobiliaria en Alhambra (Ciudad Real)

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autores de una estafa inmobiliaria cometida hace 16 años en la localidad de Alhambra (Ciudad Real) se han conformado hoy con penas mínimas de un año de cárcel, momentos antes de celebrar el juicio previsto en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Los acusados también se han beneficiado por la aplicación del principio de dilación indebida y del Código Penal de 1973, ya que los hechos ocurrieron en 1993, aunque el procedimiento por el fraude y el alzamiento de bienes en la operación inmobiliaria denunciada se abrió en 1996 en el juzgado de Villanueva de los Infantes.

En concreto, la Fiscalía acusaba al promotor inmobiliario J. M.H., sus dos hijos, y al ex director de la oficina de Unicaja, G.J. P.C., de estafar a través de la sociedad Segismar S.L.a esta entidad unos 400.000 euros, además de timar a un matrimonio en la compra de una finca urbana.

Los principales acusados, el constructor y el trabajador de la caja, para los que el Ministerio Público pedía 5 y 10 años de cárcel, respectivamente, formalizaron una escritura notarial por la que compraban un solar a una pareja del municipio -J.M.R.G y C.G.-, a cambio de entregarle una vivienda libre de toda carga, más diez millones de pesetas.

Según el escrito de acusación, Segismar se quedó sin fondos y el promotor vendió todo su patrimonio de manera fraudulenta a sus hijos para desvincularse de cualquier titularidad patrimonial y no hacer frente a las responsabilidades adquiridas con el matrimonio propietario del solar. Se da la circunstancia de que J.M.R.G. ya ha fallecido mientras se tramitaba la causa.

Asimismo, entre los años 1993 y 1996 el ex director de la sucursal bancaria, socio del principal acusado, desvió fondos a Segismar, de la que también era titular, para atender a pagos a terceros y crear liquidez en las cuentas, a través del sistema de Cuentas Contabilizadas Transitorias (CAT).

Por estos hechos, J.M.H. fue imputado por los delitos de estafa y de alzamiento de bienes, mientras que G.J. P.C. estaba acusado de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes. Los dos hijos del primero, F.M.L. y J.M.L. fueron procesados por sendos delitos de alzamiento de bienes.

Precisamente, los dos han sido condenados a un mes y 20 días de multa por responsabilidad civil, además de entregar una finca de su propiedad al matrimonio estafado para resarcir el daño cometido a lo largo de estos tres lustros.