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MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio origen a la causa de las escuchas de la Gürtel, ha defendido ante el Supremo que no busca una condena "represiva" y "ejemplar" del juez Baltasar Garzón, sino la definición de unos límites que demuestren que "el fin no justifica los medios" y, en consecuencia, que los letrados puedan hablar "libremente" en prisión hasta con el más "repudiable" de sus clientes.
El letrado ha expuesto su informe de conclusiones definitivas durante la última sesión del juicio que se celebra contra Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado intervenir las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama con sus abogados. El juez se enfrenta a pena de multa y de inhabilitación de hasta 17 años.
Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en la Gürtel, ha querido dejar claro que él presentó la querella como perjudicado del pinchazo de las comunicaciones que mantuvo en la cárcel de Soto del Real con el jefe de la trama Francisco Correa y su lugarteniente Pablo Crespo. "La querella no la pone mi representado, no la pone el Partido Popular. Este letrado no defiende a ningún miembro del PP en el proceso Gürtel", ha añadido.
NO HA SIDO UN PASO "GRATO"
Al comienzo de su intervención ante los siete magistrados del tribunal, la acusación ha reconocido que no le ha sido "grato" ni "fácil" tomar la decisión de querellarse contra el magistrado al que tuvo el "placer" de conocer en el tiempo en el que era fiscal en la Audiencia Nacional.
"Me encontré en la más absoluta soledad, nadie me acompañó en esta actuación procesal", ha proseguido Peláez, para denunciar que el colegio de abogados de madrid y el Colegio General de la Abogacía Española (CGAE), en general, no le acompañaron pese a que se estaban violando, a su juicio, los derechos de los letrados.
"Yo pido humildemente amparo al Tribunal Supremo por la vulneración del derecho a la intimidad", ha indicado, para enfatizar que su intención no se basa en amparar a los "corruptos" de la red delictiva ni en conseguir la nulidad de las escuchas para beneficiar a su representado.
Con todo, ha solicitado al alto tribunal que no sólo dicte una sentencia condenatoria contra el juez imputado, sino también que fije los "límites básicos" en este ámbito. "Me siento completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y me niego a vivir en un país en esta situación", ha advertido.
El abogado de la acusación, que solicita que Garzón sea excluido 10 años de la carrera judicial, se ha quejado de que el magistrado "no se preocupó lo más mínimo" de la cadena de custodia de las cintas ni de que éstas se contrastaran con las transcripciones.
EXPURGO POR PARTE DE LA FISCAL
Además, ha tildado de "repudiable" que las fiscales comuniquen las conversaciones que deben ser expurgadas y ha lamentado el "bochorno" en el que se ha visto inmerso cuando se han reproducido las grabaciones.
En su opinión, las resoluciones dictadas por Garzón en febrero y marzo de 2009 sobre la intervención de las comunicaciones tuvieron un carácter "delictivo" y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) nunca pide adoptar una medida de tal gravedad sin hacerlo por escrito.
Finalmente, Peláez ha defendido que no tenía obligación de pedir permiso al juez instructor cuando visitó a Correa y Crespo en prisión y ha puesto en evidencia que los discos duros con las conversaciones "siguen a disposición de un órgano administrativo como es Instituciones Penitenciarias". "Esto es lo grave señorías", ha zanjado en el interrogatorio, en el que se ha extendido durante casi una hora.
