MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un acusado de atacar una entidad bancaria de Pamplona con un 'cóctel molotov' alegó hoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga que cuando se produjeron los hechos, el 19 de diciembre de 2007, estaba convaleciente de una operación de hernia discal y no podía coger peso por prescripción facultativa.
Así lo indicó Iker Araguas Jusue, que se enfrenta junto a Ibai Azcona Domínguez a una petición de pena de cinco años de cárcel y inhabilitación por otros diez como autores de un delito de tenencia de sustancias incendiarias y otro de daños por el ataque de 'kale borroka' que sufrió una entidad del Barclays Bank de la capital navarra. Ambos, presuntos miembros de la organización juvenil SEGI, aseguraron "no tener nada que ver" con estos hechos.
Araguas, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, Íñigo Iruin, explicó que la intervención quirúrgica se produjo el 23 de noviembre de ese año en el Hospital de Navarra y que, aunque salió del centro a los tres días, hasta principios de enero no le dieron "el alta definitiva". "Estuve dos o tres semanas sin coger peso y sin poder hacer ningún esfuerzo exagerado", dijo.
El acusado también alegó ante los miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que en el momento de los hechos se encontraba cursando la carrera de Magisterio en la Universidad del País Vasco (UPV) y, para tratar de demostrarlo, aportó la matrícula académica y el contrato de alquiler del piso en el que vivía.
COMPRA DE GASOLINA
Su compañero de banquillo, Ibai Azcona, aparece en una grabación del día anterior a los hechos en la que rellenaba una botella con combustible en una gasolinera y después entraba a la tienda para comprar una botella de 'Radical Fruit', según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Azcona aseguró hoy durante el juicio que compró la gasolina para un generador del local de ensayo en el que tocaba su grupo y que las declaraciones ante la policía en las que reconoció los hechos fueron realizadas "bajo torturas".
El fiscal, Ignacio Gordillo, elevó a definitiva su petición de cinco años de cárcel para los dos acusados tras explicar que el número de lote de la botella comprada por Azcona es idéntico al del envase que se encontró junto a la sucursal bancaria.
