Su defensa alega enajenación mental transitoria y consumo de alcohol y cocaína para pedir la absolución
SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El acusado de matar de 13 puñaladas a un joven en la discoteca Cachamba de Santander en octubre de 2006 declarará hoy en el juicio por los hechos, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde el pasado viernes quedó constituido el jurado popular.
El Ministerio Fiscal solicita que se imponga una pena de 18 años de prisión al acusado, el colombiano John Fredy C.M., que ha reconocido la autoría de los hechos, pero alega que fue en el transcurso de una pelea y que actuó bajo los efectos del alcohol y la cocaína.
Según se explica en el escrito de calificaciones iniciales de la Fiscalía, los hechos sucedieron la madrugada del 14 de octubre de 2006 en la discoteca Cachamba, a la que el acusado llegó después de haber alternado con varios amigos en otros locales de la ciudad. Allí, al observar la presencia de unos compatriotas, entre los que se encontraba el fallecido --de 28 años de edad, casado y padre de un niño de corta de edad--, les advirtió de que tenía "un problema" con uno de ellos.
Más tarde, hizo varias llamadas a su hermano para pedirle que se acercase hasta la discoteca porque había tenido problemas con unos compatriotas. Su hermano, a su vez, contactó con un amigo para que le llevara en coche al lugar y, al llegar estos, John Fredy se dirigió al maletero y cogió un cuchillo que ocultó en el antebrazo.
Volvió a entrar en la discoteca, sin que el arma fuera detectado por los servicios de seguridad, e inició una discusión con el fallecido en el transcurso de la cual esgrimió el cuchillo, de nueve centímetros de hoja, y le asestó 13 puñaladas en la cara, el tórax, el abdomen y los brazos.
Además de romperle una costilla, las puñaladas le seccionaron casi completamente el riñón izquierdo y le afectaron también al bazo y un pulmón. Todo ello le provocó una hemorragia interna masiva con un shock hipovolémico que terminó causándole la muerte por parada cardiaca.
Según la Fiscalía, cuando los empleados de seguridad del local lograron sujetar al acusado, que permanece en prisión desde el 16 de octubre de 2006, gritaba: "Soltadme, que lo termino de matar. Que sepa lo que es un hombre".
"ACOSADO".
La Defensa del procesado realiza en cambio un relato de los hechos en parte diferente y sostiene que John Fredy, desde su llegada a España, había sido víctima de acoso por parte de varios compatriotas y lo mismo ocurrió la noche de autos en la que, según alega, el grupo en el que se encontraba el fallecido le rodeó con "actitud hostil" y uno de ellos le empujó.
Es por eso por lo que, según el relato de la Defensa, el imputado llamó a su hermano. Cuando éste llegó y el acusado se disponía a marcharse, sostiene que vio que le seguían dos de los miembros del grupo y le gritaban, así que regresó al local "enfadado".
Una vez dentro, la Defensa asegura que John Fredy fue empujado por el fallecido, mientras otro hombre intentaba agredirle y, al "verse amenazado" sacó entonces el cuchillo, "que no recuerda donde obtuvo", y comenzó a lanzar golpes. La Defensa también señala que su patrocinado admitió los hechos al llegar la policía e insiste en que había consumido durante la noche alcohol y cocaína.
PETICIÓN DE PENAS.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide por ello una condena de 18 años de cárcel, junto con indemnizaciones por importe conjunto de 150.000 euros para la viuda e hijo del fallecido y para sus padres.
En cambio, la Defensa dice que se trata de un homicidio y apela a las eximentes de enajenación mental transitoria e intoxicación para pedir la absolución del imputado. En caso de no contemplarse esas eximentes, pide que se le apliquen las atenuantes muy cualificadas de embriaguez y efectos de las drogas.
En el juicio ejercen la acusación particular la viuda y los padres del fallecido. Estos últimos solicitan una pena de 17 años y seis meses de prisión y una indemnización de 300.000 euros abonada solidariamente por el acusado y la aseguradora del local.
La abogada de la esposa, por su parte, califica los hechos de asesinato con ensañamiento y alevosía y reclama por ello prisión de 20 años e indemnización para la viuda de 300.000 euros, también abonados solidariamente entre el acusado y el local, o subsidiariamente por el Ayuntamiento de Santander, al entender que la "permisividad" de la autoridad municipal con la discoteca contribuyó a que se generara ese tipo de conflicto.
