MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha acusado a dos hombres de nacionalidad irlandesa por un delito contra la Hacienda Pública por presuntamente ocultar ingresos de la sociedad de forma que resultó una cuota tributaria no declarada ni ingresada en 2004 por importe de 226.595,37 euros. Así, pide para cada uno dos años y medio de prisión y multa de 460.000 euros.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, los dos acusados, junto con otro imputado que está en ignorado paradero, constituyeron en 2003 una sociedad de la que eran administradores solidarios y que tenía como objeto social la promoción, construcción, compra, venta y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles, terrenos y solares".
Su actividad era captar inversores irlandeses "para la adquisición de inmuebles en España". La acusación sostiene en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que los acusados decidieron "ocultar los ingresos y no presentaron declaración por Impuestos de Sociedades ni por Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) en 2004".
"Tampoco realizaron la declaración anual de operaciones con terceros", según el ministerio público, que indica que del expediente de comprobación e inspección, iniciado en enero de 2007, y de las diligencias realizadas se pudo comprobar que tenía contabilizadas operaciones con una base imponible de 2,1 millones de euros.
"Sin embargo, de los requerimientos de información realizados por la Agencia Tributaria a terceros que han declarado operaciones con la entidad investigada resulta que en ese ejercicio económico de 2004 tuvo mayores ingresos no contabilizados", según manifiesta la acusación, en concreto procedentes de tres mercantiles.
De esta forma, para el fiscal, la base imponible no declarada sería de 2,5 millones de euros, que al tipo del 16 por ciento supone un IVA devengado de unos 406.430 euros, y deducido el IVA soportado, "resulta una cuota tributaria no declarada ni ingresada en 2004 por 226.595 euros, cantidad en la que resulta perjudicada la Hacienda Pública".
Para la Fiscalía, se trata de un delito contra la Hacienda Pública en relación con varios artículos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con el reglamento que desarrolla el IVA. Por este delito, además de prisión y multa, solicita pérdida del derecho a obtener ayudas públicas o tener incentivos fiscales por cinco años.
Asimismo, se insta a que indemnicen a la Hacienda Pública con la cantidad presuntamente defraudada y que se declare la responsabilidad civil directa de la sociedad que crearon los procesados. También se insta a que se declare la rebeldía del tercer imputado que está en ignorado paradero.
