Actualizado 28/11/2007 18:41:23 +00:00 CET

Admitida a trámite la demanda de tres ex militantes contra la Federal del PSOE por la disolución del partido en Ceuta

CEUTA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta admitió hoy a trámite la demanda de protección jurisdiccional de sus Derechos Fundamentales que tres ex militantes de la Federación del PSOE de la ciudad autónoma, el ex presidente de la Ciudad, Basilio Fernández; el secretario general de UGT-Ceuta, Antonio Gil, y un antiguo miembro de la Ejecutiva Regional, presentaron el pasado 14 de noviembre instando a la "nulidad radical" de la disolución del partido que Ferraz acordó el pasado 10 de octubre.

Fuentes directamente relacionadas con el caso informaron a Europa Press que el Juzgado trasladará ahora a Ferraz el sumario principal del caso para que exponga sus argumentos de parte en 20 días hábiles y hará lo propio con la Fiscalía. Mientras, en una pieza separada, el próximo 12 de diciembre se celebrará la vista en la que se decidirá si se atiende o no la medida cautelar solicitada por los tres demandantes: la suspensión de la disolución y, por lo tanto, el

retorno a la situación previa con una Comisión Gestora al frente del partido, tal como la Federal decidió la primera semana de junio tras la dimisión de la ex secretaria general de la formación, Antonia Palomo.

La demanda goza de tramitación preferente por afectar a los Derechos Fundamentales y denuncia que la Federal socialista erró "tanto en la forma como en el fondo" al disolver la Federación socialista ceutí e incurrió en una vulneración de los artículos 22, 24 y 25 de la Constitución Española, así como de la Ley Orgánica de

Partidos Políticos y la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.

De acuerdo con la versión de Basilio y Gil nunca se les comunicó cuáles fueron las razones de la federal para disolver la Federación; tampoco se les concedió la posibilidad de ser oídos previamente ni de

presentar recurso alguno con posterioridad y critican que se adoptó en base a un Reglamento [la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del partido] que "si hubiera tenido que pasar un control administrativo de legalidad nunca lo hubiera superado".

Los demandantes desean que su causa, que, según su parecer, tiene ya jurisprudencia favorable en una sentencia de hace un lustro de la Audiencia Provincial de Vizcaya sobre la situación del PSOE de Sestao, sirva para que los partidos políticos sometan su reglamentación interna "a la legalidad", algo que, a su juicio, "no ocurre" actualmente.