Afines a HB acusan a escoltas de "entrar a golpes" en el Ayuntamiento

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los simpatizantes de Herri Batasuna que han comenzado a ser juzgados este lunes en la Audiencia Nacional acusados de agredir a cargos públicos del Partido Popular (PP) durante la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Llodio (Vizcaya) que se produjo el 14 de junio de 2003 han asegurado que los electos y sus escoltas "entraron a golpes" en el Salón de Plenos.

"Los guardaespaldas entraron con empujones intentando llegar a la zona donde se sentaban y se pusieron en sus sitios a golpes, no creo que hubiera ninguna necesidad", ha señalado Gaizka Amorrortu, miembro de la plataforma Laudio Aurrera, que fue anulada por el Supremo por suceder a la formación ilegalizada. "Entraron con mucha violencia y con mucha gente, y eso generó tensión", ha recalcado Jon Ander Altube, teniente de alcalde del municipio hasta 2003. "Se llevaron por delante todo lo que tenían", ha apostillado Aitor Goikoetxea.

La mayoría de los 15 procesados que han declarado en la primera sesión del juicio, que se reanudará este martes con el interrogatorio de los cuatro restantes, han sostenido de forma coincidente que su único objetivo era mostrar su apoyo al alcalde saliente, Pablo Gorostiaga, de Herri Batasuna (HB), y protestar por el hecho de que no pudiera aspirar a la reelección tras la ilegalización de la formación 'abertzale' que tres meses antes había dictado el Tribunal Supremo. "Era un alcalde ejemplar", ha resumido el también acusado Iker Roiz.

"EL PP ENERVÓ EL AMBIENTE"

Tras negar que estuvieran ocupando los asientos destinados a los representantes del PP, los acusados han asegurado que no agredieron, insultaron, amenazaron ni escupieron a los cargos electos, como sostiene el fiscal, y que lo único que hicieron fue silbarles y exhibir ante ellos carteles con lemas como 'No al pucherazo' o 'Democracia adelante'.

"Hubo pitidos por su actuación a la hora de entrar. Yo no sabía lo que iban a hacer, sólo protestar pacíficamente por una situación injusta", ha apuntado Amorrortu antes de mantener que fue la actuación de los escoltas de los cargos electos del PP "la que enervó el ambiente".

Altube también ha defendido que la protesta era "legítima y pacífica". "Queríamos denunciar que no todas las opciones políticas habían podido concurrir y estábamos reclamando democracia, nada más", ha señalado el exteniente de alcalde de Llodio, quien ha defendido que, a pesar de los incidentes, el Pleno podría haberse celebrado "con normalidad".

"SANTIAGO ABASCAL ME DIO UNA PATADA"

El fiscal relata en su escrito de acusación que los procesados provocaron la suspensión de la sesión plenaria ejerciendo el "amedrentamiento" y la "coacción verbal y física" sobre los candidatos electos, a los que "no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos y amenazar" para tratar de impedir que ocuparan su lugar en el Salón de Plenos.

Durante los incidentes, según su escrito, fueron agredidos tanto los tres concejales del PP que ese día iban a tomar posesión de su acta de concejal en Llodio --Santiago Abascal Conde, Rosa María Torres y Montserrat Canive-- como el edil de Amurrio Esaú Martín, los diputados Carlos Urquijo y Santiago Abascal Escuza, y Francisco Javier Mosquera, que se encontraba entre el público. Todos ellos tuvieron que abandonar la sede consistorial bajo protección de sus escoltas.

En la vista, la acusada Oihana Gomara ha mantenido que no sólo no agredió a nadie sino que durante los incidentes se cayó al suelo. "No llego al metro sesenta y peso cincuenta kilos, soy fácilmente maleable --ha dicho--. Cuando entraron los concejales del PP, salí despedida, perdí el equilibrio y prácticamente me caí al suelo".

En una línea similar se ha manifestado Urtzi Goitia, quien ha asegurado que acudió al Pleno acompañando a su madre, que tiene "problemas de movilidad", y recibió una patada por parte del concejal Santiago Abascal, a quien "no conocía de nada". Kepa Garrote, por su parte, ha aseguradó que Carlos Urquijo le golpeó.

El único procesado que ha negado su presencia en el Ayuntamiento esa mañana ha sido Aitor Basterra, que ha lamentado no tener un justificante para poder demostrarlo.

"NO CONTESTO PORQUE ME ESTÁ LIANDO"

En un momento de la vista, el interrogatorio del fiscal Miguel Ángel Carballo ha provocado que uno de los acusados, Ángel Benito, haya decidido dejar de contestar sus preguntas tras haber anunciado su intención de hacerlo.

"Quería mostrar mi repulsa por la ilegalización de Laudio Aurrera o de Batasuna, no sé, ha habido tantas", ha dicho el acusado. "¿Laudio Aurrera es Batasuna?", le ha preguntado Carballo. "Sí, digo yo... Bueno, no sé...", ha dudado el acusado--. "¿Sí o no?, le ha insistido el fiscal. "No y ya no quiero contestar a las preguntas del fiscal porque me está liando mucho", ha concluido Benito.

Antes de los interrogatorios la abogada de las defensas, Jone Goirizelaia, ha planteado como cuestiones previas la prescripción de la causa y su archivo por la vulneración del derecho de defensa argumentando que cuando se les tomó declaración por primera vez los imputados no fueron informados de los delitos que se les imputaban. Tras retirarse a deliberar, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha rechazado la suspensión de la vista y ha anunciado que todas estas cuestiones se resolverán en la sentencia.

"¡PIM, PAM, PUM!"

Los acusados son Ángel Benito Sáez, Gaizka Amorrortu Bóveda, Alfredo Remírez Marañón, Asier Barruetabeña Berganza, Beñat Mendiguren Goscaya, Aitor Basterra Ibarrola, Iker Roiz Plaza, Ohiana Gomara Picaza, Carmelo Serrano Martínez, Saioa Ugarriza Olabarria, Jon Ander Altube Lazcano, Eulalia Aramendi Bilbao, Aitor Goikoetxea Vivaracho, Kepa Garrote Intxaurraga, Urtzi Goitia González, Miguel Ángel Maté Maté, Jesús María Gómez López, Aitor de la Torre Aramendi y Oier Amorrortu Licerazu.

El fiscal atribuye a los 19 coacciones terroristas o alternativamente un delito contra las Instituciones del Estado. Además, solicita multas de 1.200 euros para Oier Amorrortu Aitor Goikoetxea, Urtzi Goitia y Beñat Mendiguren por una falta de lesiones, a lo que hay que añadir otros 300 por cabeza en concepto de responsabilidad civil. Las acusaciones particulares piden entre uno y seis años de cárcel.

El primero de ellos, según el escrito de acusación del fiscal, lanzó "patadas y puñetazos" a Abascal Escuza, le escupió e incluso fuera del Consistorio le dirigió la expresión "pim, pam, pum", en "clara amenaza terrorista".

También reclama multas de 600 euros para Alfredo Remírez, Iker Roig y Carmelo Serrano por otras tantas agresiones sin lesiones y de 180 euros para Miguel Ángel Maté y Jesús María Gómez por una falta de agresión intentada.