La AJFV rechaza el plan de choque del CGPJ por considerarlo poco eficaz y realista para evitar el colapso

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un documento de alegaciones al plan de choque previsto por este órgano para enfrentar el colapso en la Administración de Justicia por la crisis del coronavirus, que rechaza por su "falta de garantías, eficacia y realismo para evitar el colapso judicial que provocará la pandemia".

Para la asociación, lo que plantea el CGPJ "no es un plan de choque", sino "un cambio estructural de modelo procesal". En su opinión, la mayoría de las propuestas "no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis, por lo que manifiesta su "preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político".

Por otra parte, la AJFV subraya que la propuesta del órgano de gobierno de los jueces "no mide el impacto económico del plan en su conjunto", sino que se limita a "hacer consideraciones generales sobre si cada medida tiene o no impacto económico" y "en bastantes de ellas se dice" que no tendrá cuando, a su juicio, no es así.

"Sin inversión económica, es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses. Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo", apunta.

También afea al CGPJ que "recurra de forma generalizada a las adscripciones forzosas y comisiones de servicios sin relevación de funciones no remuneradas, sin tener certeza, pese a ser responsable de la prevención de riesgos laborales de los miembros de la Carrera Judicial, de si los integrantes de la misma se hallan sometidos o no a riesgos que mermen su salud laboral".

PLEITOS ÍNTEGRAMENTE ESCRITOS

De igual forma, critica que las medidas planteadas introducen la posibilidad en la jurisdicción social de tramitar pleitos íntegramente escritos (pleitos de Seguridad Social) y convierten en opcionales las audiencias previas de los juicios ordinarios civiles cuando haya solo prueba documental. Para la AJFV, "la huida de la oralidad hace retroceder nuestro sistema judicial al siglo XIX, eliminando la inmediación y alejando al ciudadano de quien ha de resolver sus cuitas, de manera contraria a la voluntad del legislador constituyente".

"El exceso de juicios por juez no puede eliminarse reduciendo las celebraciones sin reducir los asuntos, sino dotando de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global. La medida propuesta es un parcheo que supone una pérdida de derechos para los ciudadanos", afirma la asociación, que reprocha también al CGPJ la "limitación injustificada en los órdenes civil y social", pues "cualquier limitación del derecho al recurso supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos", además de ser una medida sin justificación en el contexto de una crisis en la que "el aumento de la litigiosidad se produce mayoritariamente en la primera instancia".

HABILITAR AGOSTO: GRAVAMEN ADICIONAL Y FALTA DE CONCILIACIÓN

En cuanto a habilitar el mes de agosto, la AJFV considera esta posibilidad "un gravamen adicional para los abogados y procuradores, quienes no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio", al tiempo que echa en falta la valoración de las medidas tras la emisión del preceptivo informe de perspectiva de género conforme establece la Ley de Igualdad de 2007.

Además, destaca que la habilitación de un mes "no producirá un efecto de mejora de la pendencia y, sin embargo, causará perjuicios en otros colectivos", por lo que la asociación propone que en su lugar puedan "reforzarse los juzgados mediante la habilitación de entre dos o tres tardes a la semana (las mismas en todo el territorio nacional), servidos por comisiones de servicios o refuerzos voluntarios y retribuidos, de manera más eficaz y sin merma de derechos de ningún colectivo".

En general, la AJFV considera que las propuestas del órgano de gobierno de los jueces suponen una "burocratización de la administración de justicia, una merma de la motivación, la oralidad, la contradicción, la inmediación y el respeto por la función jurisdiccional". Es un plan de choque, critica, que ha sido pergeñado "con desconocimiento de lo que sucede a diario en los juzgados y tribunales españoles".