Las víctimas solicitan la eliminación de los símbolos y el fiscal se opone por corresponder a la vía administrativa
MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), alegó hoy ante el juez Fernando Grande-Marlaska que tenía 14 años cuando en 1982 el Ayuntamiento aprobó la colocación de los símbolos situados en la localidad que honran la memoria de miembros de la organización terrorista ETA y que ningún grupo municipal ha solicitado desde entonces su retirada, informaron fuentes jurídicas.
Beitialarrangoitia compareció durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 por la querella por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) por la existencia en la localidad de un parque dedicado al etarra José Aristimuño, alias 'Pana', y una plaza que lleva el nombre de 'Gudarien Emparantza' ('Soldado Vasco').
Según las citadas fuentes, la alcaldesa defendió que el nombre de la 'plaza de los Gudaris' alude a los 200 vecinos del municipio que murieron durante la Guerra Civil y se negó a contestar al resto de las preguntas realizadas por las acusaciones populares y particulares.
Los querellantes, a los que se han adherido el Foro de Ermua y las familias de cuatro víctimas asesinadas por 'Pana', solicitaron al juez que ordene de forma cautelar el cambio de nombre de los dos emplazamientos, la retirada del monolito que existe en el parque y la anulación de la distinción como hijo predilecto de la localidad que le hizo el Ayuntamiento hace ahora 26 años. Aristimuño murió en un enfrentamiento con la policía a finales de marzo de 1981.
LA FISCALÍA APUNTA A LA VÍA ADMINISTRATIVA
El fiscal Pedro Rubira, se opuso, sin embargo, a esta petición alegando que, aunque se trata de una solicitud legítima, debería interponerse por la vía contencioso-administrativa y no por la penal. En marzo pasado el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, requirió la retirada de la placa dedicada a 'Pana' tras contar con un informe de la Abogacía del Estado que consideraba nulo de pleno derecho el acuerdo municipal en el que se adoptó esta medida.
En el auto en el que ordenó la citación de la alcaldesa de Hernani, Grande-Marlaska destacaba que 'Pana' estuvo involucrado en el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola y que mantener el nombre de este etarra para designar el emplazamiento demuestra "un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas de tan deleznables acontecimientos".
Además de citar a Beitialarrangoitia, el magistrado pidió a la Guardia Civil información sobre la militancia y pertenencia de 'Pana' a la organización terrorista y los hechos que se le imputan, así como información sobre otras calles o símbolos que enaltezcan a otros miembros de la banda terrorista en la localidad.
De igual modo, solicitó al Ayuntamiento de Hernani que le remita copia de los acuerdos municipales por las que se adoptaron estas denominaciones y que le envíe la carta fechada en diciembre de 2006 en la que Dignidad y Justicia le solicitaba el cambio de nombre de los dos emplazamientos.
En la actualidad, Beitialarrangoitia se encuentra en libertad sin medidas cautelares acusada de un delito de enaltecimiento del terrorismo por las palabras de apoyo que dedicó a los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos en enero pasado y presuntamente relacionados con el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas.
OTRAS INVESTIGACIONES
En la actualidad otros tres jueces de la Audiencia Nacional (Fernando Grande-Marlaska, Pablo Ruz y Santiago Pedraz) están investigando, respectivamente, la existencia de calles dedicadas a terroristas en los municipios de Hernani y Zizurkil (Guipúzcoa) y Arrigorriaga (Vizcaya). Además, el magistrado Ismael Moreno instruye otra causa contra el ex alcalde de Santa Colomá de Cervelló (Barcelona) por dedicar una calle a un miembro del Ejército Popular Catalá (EPOCA) condenado por el Supremo.
La consideración como delito de enaltecimiento del terrorismo del hecho de mantener calles dedicadas a etarras ha provocado resoluciones opuestas en dos secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que la Tercera ordenó la admisión a trámite de una querella contra el Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya) y la Cuarta avaló el archivo de otra relativa a Amorebieta (Vizcaya).
