MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de San Martín de la Vega y presidenta del PP en esta localidad, Carmen Guijorro, acudirá a los tribunales para denunciar "agresiones verbales y amenazas" hacia ella "como alcaldesa" por parte de un grupo de personas alentado por "las actitudes y comentarios" de los concejales de Izquierda Unida e Izquierd Social del municipio.
En declaraciones a Europa Press, Guijorro ha explicado que a la salida del pleno del pasado viernes, sobre las 18.00 horas, "un grupo de 15 personas aproximadamente increparon" a los concejales del PP a los que, además de pedir su dimisión, les gritaron insultos como "hijos de puta" o amenazas como "Venid aquí, os vamos a matar", "ojalá te salga un cáncer y te mueras".
"Son movimientos radicales de extrema izquierda del municipio alentados por las actitudes y comentarios de la concejal de Izquierda Unida, María Brea, y de Izquierda Social, Daniel Cano", ha afirmado.
Según la alcaldesa, estas personas, algunas de ellas ya identificadas y vinculadas a los partidos de izquierda en el municipio, tuvieron una actitud "agresiva" y los ediles tuvieron que salir escoltados, tanto por la Policía local como por la Guardia Civil. "La línea entre esa violencia y una agresión física es tan fina que, gracias a la tranquilidad de quienes respetamos la democracia, esas agresiones no se produjeron", ha subrayado.
Esta misma noche, la alcaldesa continuó recibiendo amenazas desde el portero automático de su domicilio; hasta tres veces le llamaron con amenazas e insultos en tono agresivo y lanzándole exabruptos como "hija de puta" o "te vamos a matar". Estos hechos sí que los denunció en la Guardia Civil como ciudadana civil, pero próximamente pondrá otra denuncia como alcaldesa por los incidentes que sufrió tras el pleno.
POSIBLES MOTIVOS
En opinión de la alcaldesa, una de las razones que llevaron a este grupo a mantener esta actitud fue que en el Pleno extraordinario del viernes se rescindió el servicio de la residencia municipal de la tercera edad, por ser insostenible económicamente y porque no hay "ninguna empresa adjudicataria" tras tres concursos desiertos.
En este punto, ha explicado que el problema también ha surgido con los trabajadores de esta residencia, que, según la alcaldesa, "cobran un 15 por ciento más" que el salario contemplado en el convenio de Residencias de la Comunidad de Madrid. "Hemos hecho de intermediarios y les hemos pedido que se redujeran el salario pero se han negado", ha explicado.
También ha apuntado que se ofreció a los trabajadores que se constituyeran en cooperativa y que gestionaran ellos la residencia, "pero también se han negado". Ante la imposibilidad de seguir asumiendo un sobrecoste de 250.000 euros anuales, lo que costaría al Consistorio el 15 por ciento extra salarial, se ha decidido rescindir los servicios.
Por su parte, uno de los trabajadores de la residencia que lleva 18 años al frente de la conserjería, Manuel Carvallo, ha criticado la actitud del Ayuntamiento por no haber rescindido el contrato de los trabajadores que se oponían a la bajada de sueldo y continuar con los que sí la hubieran aceptado. "Ocho personas de 27 no querían bajarse el sueldo. El Ayuntamiento podría haber buscado una fórmula, pero no ha querido tomar cartas en el asunto en este aspecto", ha reprochado.
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