Ninguna de las partes presentes en la declaración interesa adoptar medidas cautelares contra el ex gerente de Urbanismo
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de madrid, Luis Armada, imputado en el 'caso Guateque', defendió hoy durante su declaración ante el juez Santiago Torres la "impecable" tramitación de los expedientes de licencias otorgados durante su etapa al frente de Urbanismo (1997-2003), relativos al hotel Confortel, situado en el número 7 de la avenida de Pío XII, y a una reforma en el sótano del edificio de la calle de La Bola, número 9.
En la declaración, que se prolongó por más de media hora, estuvieron presentes el fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado, el abogado defensor, Francisco Hernando, el letrado de Victoriano Ceballos, José Luis Prada, y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid y del PSOE, que ejercen como acusaciones particulares.
Tras concluir el interrogatorio, el magistrado acordó no adoptar ninguna medida cautelar contra Armada, al no haber sido interesada por ninguna de las partes que estuvieron presentes en la declaración, según indicaron fuentes judiciales. No obstante, Torres mantendrá la condición de imputado al viceconsejero hasta que se concluya la investigación del caso.
En los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla, Armada explicó a los periodistas el contenido del interrogatorio que se centró en una denuncia formulada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, la del hotel, y otra interpuesta por la particular Margarita Botija por las obras realizadas en 2001 en el sótano del inmueble en el que vive en la tercera planta. Se trata de un edificio protegido de principios del siglo XX.
"Le he explicado al juez la impecable tramitación de la licencia del hotel, que contó con la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de un convenio y un estudio de detalle que recogía todas las condiciones", dijo el viceconsejero, quien añadió que la tramitación de estos expedientes son "impecables como las más de 40.000 licencias" que en su día concedió.
REFORMA DE UN SÓTANO
En cuanto a la denuncia interpuesta por Botija, el ex gerente de Urbanismo adujo que utilizó esta licencia para "unas obras realizadas en un sótano" a consecuencia de unas goteras e insistió en que el citado permiso no iba encaminado a reformar su propio domicilio, según sostiene la denunciante.
"Le he explicado al juez que no es posible que hiciera las obras en mi casa. Le he entregado la documentación y la licencia de 1976, que es cuando mi padre reformó la casa", apostilló.
Por su parte, el abogado de Armada, Francisco Hernando, sostuvo que la actuación de su representado al frente de la Gerencia de Urbanismo con José María Álvarez como alcalde está "absolutamente ajustada a la actual normativa administrativa".
DECLARACIÓN DE OTROS IMPUTADOS
Además de Armada, el instructor tomó declaración a otros tres imputados, sin adoptar medidas cautelares contra ellos, y a dos testigos. Entre los imputados figura Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo, que ya declaró en la primera fase de la investigación. Su comparecencia se debe a que Acero fue la persona que firmó el permiso para las obras realizadas en el edificio de la calle de La Bola.
También fueron interrogados como imputados Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente. Como testigos declaración el empresario Carlos Tejedor, dueño de un restaurante, y Alfonso García.
