MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular pide en la denuncia presentada en los juzgados de Plaza Castilla por las filtraciones del 'caso Gürtel', que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera.
El texto de la denuncia va acompañada de ocho recortes de informaciones relativas a esas filtraciones que aparecieron en el diario 'El País' y la Cadena Ser entre marzo y julio, que, según el PP, "atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes".
Según argumentan los 'populares', se ha producido una vulneración de ámbitos protegidos legalmente por el secreto, bien sea el secreto de las telecomunicaciones, bien sea el secreto de las actuaciones sumariales. También sostiene que ha habido una "revelación o divulgación a un tercero, para su publicación".
Además, el Partido Popular asegura que en estas conductas hay una "intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes del PP y al propio Partido Popular".
Estos hechos, prosigue, podrían ser constitutivos de "delito continuado de revelación de secretos" (artículo 197 y 198 del Código Penal), violación de secretos (artículo 417), revelación de actuaciones secretas (artículo 466) e interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación recogido en el artículo 536.
"CAMPAÑA DE ACOSO" CONTRA EL PP.
En una comparecencia pública en la sede del PP, el responsable de Justicia del partido, Federico Trillo, afirmó que su formación ha venido denunciado "la continuada campaña de acoso" contra los dirigentes del PP y sus siglas. A su entender, se está tratando de desarrollar "un juicio paralelo con penas de banquillo anticipadas".
Por eso, emplazó a la Justicia a "investigar" y "aclarar cierto tipo de comportamientos" que, dijo, no son "propios de un Estado de derecho democrático sino un Estado policial venturosamente superado en España".
La denuncia que ha presentado el PP ha recaído en el juzgado número 34 de Plaza de Castilla, que ya tiene abiertas unas diligencias judiciales por presuntas filtraciones del 'caso Gürtel'. Sin embargo, no se espera que haya ningún avance en estos días porque el juez está de vacaciones y su sustituto no tiene previsto abrir esa carpeta, informaron a Europa Press fuentes 'populares'.
COMO SE NOTIFICÓ A CAMPS EL AUTO DE GARZÓN.
En los recortes de informaciones que aporta el PP en el texto de la denuncia figuran nombres como Álvaro Pérez, alias el Bigotes; la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. "¿Puede calcularse el daño causado a las personas afectadas por las filtraciones aquí denunciadas?", se preguntan los 'populares'.
El PP alega que los funcionarios de la Brigada de Policía Judicial tenían "plena conciencia de a quien realizaban las escuchas" y censura que se permitan "notificar telefónicamente" al propio Camps en su teléfono móvil privado la notificación del auto del juez Garzón del pasado 5 de marzo.
A su entender, es "imprescindible" para esclarecer y depurar responsabilidades, el testimonio directo del comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial y de los funcionarios que realizaron las escuchas y del inspector que realizó la notificación a Camps --que según el PP "se negó a dar su nombre"-- para que se aclare "cual fue el proceder al grabar las conversaciones de aforados, a quien lo comunicaron y qué instrucciones recibieron al respecto y de quien".
El PP considera que la unidad actuante de "modo permanente en el tiempo y en los distintos espacios" es la Policía Judicial y, en concreto, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que ha llevado la realización de la mayoría de las diligencias e informes.
Y aprovecha para recordar en este punto que el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, fue el que acompañó en febrero al que fuera ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, al juez Baltasar Garzón y a una de las fiscales de la Audiencia Nacional "en el escandaloso fin de semana cinegético".
El Partido Popular destaca que Bermejo dimitió, la fiscal fue "después trasladada", "la conducta recusable de Garzón fue pública" pero añade que el comisario jefe de la Policía Judicial "no ha respondido de nada, pervive al frente de su cargo, como han pervivido desde entonces y perviven las filtraciones".
COMPARECENCIA DE RUBALCABA EN CONGRESO.
Por todo ello, el PP solicita en su denuncia que declaren el secretario de Estado de Seguridad, el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial y el comisario de la UDEF, así como cuantos funcionarios de la Policía Judicial que "hayan participado en intervenciones o escuchas telefónicas".
El primer partido de la oposición considera que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debe dar explicaciones sobre las filtraciones en el Congreso de los Diputados y para ello ha registrado una petición de comparecencia, según confirmó Trillo.
Asimismo, en su denuncia el PP pide que se requiera una relación completa de escuchas telefónicas autorizadas y las resoluciones que las sustenta en el 'caso Gúrtel'; así como que los tribunales de Justicia de Madrid y Valencia se especifique qué grabaciones han sido incorporadas y cuáles rechazadas, aclarándose que se ha hecho con las rechazadas (custodia, depósito, destrucción, etc).