Es la primera entidad española en presentar una queja y anuncia medidas legales para revocar la decisión de la Audiencia Nacional
PALMA DE MALLORCA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Memoria de Mallorca se convirtió esta mañana en la primera entidad española en presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en contra de la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la apertura de las fosas comunes autorizadas por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.
Tras concentrarse ante la Audiencia Provincial de Palma, bajo una pancarta en la que se leía 'Dónde están, adelante con las exhumaciones ya', la presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, señaló que su entidad no puede presentar un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, debido a que "aún no se ha trasladado a las partes la notificación oficial de la suspensión cautelar de la apertura de fosas, que en Mallorca afectaría a las dos autorizadas en Porreres y Calvià".
No obstante, apuntó que cuando se conozca el contenido de la notificación y se sepa en qué se ha basado la Audiencia para paralizar la apertura de las fosas comunes, los abogados de la Asociación Memoria de Mallorca estudiarán las medidas legales para revocar esta decisión.
Oliver apuntó que a la queja se ha adjuntado una relación de 1.500 personas asesinadas y desaparecidads en Baleares e indicó que en las próximas semanas, las 21 Asociaciones de Memoria Histórica del resto de España presentarán también una queja formal ante el CGPJ, debido a que "no han sido escuchadas, ni se les ha convocado para tomar una decisión tan drástica como la que se ha tomado, que afecta tan directamente a las víctimas".
Así, recordó que en todos los procesos abiertos, como en este caso, todas las partes "tienen derecho a expresar su opinión y a ser escuchadas", algo que, según criticó, no ha sucedido con las 22 Asociaciones de Memoria Histórica que entre el pasado 14 de diciembre de 2006 y el 6 de octubre de 2008 presentaron una denuncia ante los Juzgados de la Audiencia Nacional por los delitos de detención ilegal y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad perpetrados en España entre 1936 y 1939.
Estas denuncias fueron derivadas al Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo magistrado, Baltasar Garzón, incoó diligencias previas y el pasado 16 de octubre dictó un Auto por el que declaraba la competencia del Juzgado para la instrucción de la causa, así como la práctica de diligencias. Sin embargo, este Auto fue recurrido por el Ministerio Fiscal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y solicitó la paralización de las diligencias acordadas por Garzón, entre ellas, una serie de exhumaciones en distintas partes del territorio nacional.
Posteriormente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional convocó un Pleno, por el que acordó la paralización de todas las pruebas que se estuvieran practicando por el juez Garzón, incluidas las exhumaciones, lo que fue considerado por la Asociación Memoria de Mallorca como una "prolongación en el tiempo de la injusticia".
"LAS VÍCTIMAS SIGUEN PADECIENDO TORTURA"
En este sentido, Oliver señaló que los padres, hermanos, hijos y nietos de los 1.500 desaparecidos en las islas entre 1936 y 1939 siguen padeciendo "tortura" en el Estado, porque las víctimas por desaparición forzadas "no son sólo aquellas que se hacen desaparecer, sino también sus familiares y este grado de indefensión y angustia que padecen está contemplado por los tribunales estatales e internacionales como tortura".
"Después de 40 años de haber callado, durante 30 años también se nos ha exigido que callásemos, primero para estabilizar la democracia, después porque no era el momento y, posteriormente, porque resultaba que era demasiado pronto y ahora porque es demasiado tarde", lamentó.
Por ello, preguntó "cuándo será el momento en el que se nos repare" y, en esta línea, recordó que hace tres años, la Asociación Memoria de Mallorca presentó la citada denuncia, a sabiendas de que el camino "iba a ser largo". Así, dijo que aún "estamos a la mitad de camino" y desveló que el pasado sábado, la psicóloga de la entidad tuvo que atender a dos hijas de desaparecidos, tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones.
Oliver manifestó que "se ha hecho algo que no se había hecho en 30 años de democracia, como es paralizar todo un juzgado de la Audiencia Nacional y reunir con carácter urgente y extraordinario a los jueces de la Sala de lo Penal para tomar esta decisión y dejarnos fuera a nosotros".
LA DECISIÓN "ROZA CON EL DELITO"
Para la presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, la forma de actuar de la Audiencia Nacional "roza con el delito" y anunció que mañana a las 20.00 horas, se ha convocado una concentración "pacífica" en la Plaza del Mercat, frente a la Audiencia Provincial de Palma para condenar y protestar contra estos hechos.
Por otra parte, remarcó que con la paralización de las exhumaciones, se está "causando daño" a las víctimas, sus familiares y a "cualquier demócrata o persona que tenga un mínimo de humanidad". "Se ha truncado la confianza en la Justicia Española en un momento en el que las víctimas y los colectivos volvían a confiar en ella", sentenció.
Finalmente, adelantó que el próximo sábado, se celebrará una reunión en el Museo de Historia de Cataluña, en Barcelona, con el fin de estudiar las posibles medidas legales que puedan tomar las 22 asociaciones de memoria histórica existentes en España.
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