(Ampl.) La Audiencia de Madrid ordena la detención de los administradores de CPV ante el riesgo de fuga

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la detención de los administradores de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ante el posible riesgo de fuga por las elevadas condenas que prevé imponer el tribunal por la supuesta estafa de la inmobiliaria, que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.

En un auto hecho público hoy, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Decimoquinta decreta la detención de Francisco García Moreno, el máximo responsable de la compañía, sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel --administradores de la sociedad, y un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo --también administrador--. El arresto de Morillo se produjo anoche, mientras que el resto fueron detenidos esta misma mañana, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Sala fundamenta su decisión en "las penas que pudieran imponerse a los acusados, una vez deliberada la sentencia, el escaso tiempo que han estado en prisión provisional, la naturaleza de los hechos, la situación económica de los acusados y el aseguramiento de su presencia en fases posteriores del proceso".

La sentencia por el denominado 'caso CPV' se notificará en las próximas horas a las partes personadas en el procedimiento. Además, la Sección 15 celebrará mañana, a las 9:45 horas, una vistilla en la que los abogados defensores, las acusaciones personadas y el fiscal se pronunciarán sobre la situación de prisión preventiva de los responsables directos de la estafa.

Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.

PETICIÓN DE PENAS

Los procesados se enfrentan a 15 y 4 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y a una multa de 60 euros diarios durante 36 meses. Así, el fiscal rebajó el 17 de septiembre de 72 a 68 años de prisión la petición de penas para los seis acusados, entre los que figura también los supuestos testaferros de la sociedad, Adelina E.A. y Alfredo V.G.

La Fiscalía de Madrid sostiene que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.

Durante la exposición de su informe, el representante del Ministerio Público situó los hechos a finales de 1997, cuando los que serían directivos de la CPV fundaron la empresa, con la finalidad de promocionar viviendas en los nuevos barrios del norte de Madrid. Por aquel entonces, su capital social era de 700.000 pesetas.

"A partir de ahí, aprovechando los pagos de los afectados, realizaron la promoción de viviendas y la captación de clientes para obtener fondos para edificar casas", apuntó el fiscal, que añadió que los acusados empezaron así a "aparentar" que la sociedad disponía de terrenos para construir, "con absoluto desprecio a la ley".

Los afectados firmaban entonces un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.

PATRIMONIO PARA SU PROPIO BENEFICIO

Pese a que la normativa vigente exigía que con ese dinero se formaría un patrimonio separado destinado sólo a la construcción de las viviendas, los procesados lo utilizaron para su propio beneficio, como para cobrar medio millón de pesetas al mes.

"Ese dinero --aseveró el fiscal-- no podía ir destinado ni a sueldos, ni a propaganda, ni a vivir ellos, ni a que la empresa creciera. Los acusados se saltaron la ley, que evitaba que sociedades como la CPV recién creadas de la nada pudiera hacer lo que al final hizo. Estas personas no tenían ni oficio ni beneficio en la construcción, pero llegaron a cobrar unas 500.000 pesetas al mes".