AMPL.- Audiencia de Palma absuelve a los ex responsables de Banca March e imobiliaria Alcázar en el caso Royaltur

PALMA DE MALLORCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma ha decidido absolver a los antiguos responsables de Banca March y de la inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem García; Antonio Mascaró, Simón Galmés y Juan Bautista Llorens, del delito de estafa del que habían sido acusados por parte del empresario hotelero Jaime Moll, propietario del Grupo Moll, que integraba las empresas Royal Resort y Royaltur.

De esta forma, la Audiencia de Palma da carpetazo al caso Royaltur, en los juzgados desde 1993, absolviendo a todos los implicados de la responsabilidad civil reclamada en su contra, y obligando a la acusación particular, ejercida por Jaime Moll, a pagar todas las costas procesales.

Así, la sentencia considera probado que nunca hubo intención de los cuatro acusados para apoderarse del patrimonio de Royal Resort, en perjuicio de sus accionistas, mediante el engaño, sino que Jaime Moll tenía "absoluto conocimiento" de lo que se firmaba el día 21 de diciembre de 1993, cuando pactó la venta por 400 millones de pesetas de sus acciones.

Según señala la sentencia, la finalidad pretendida por la Banca March al celebrar el contrato era la de "sustituir" a un deudor que carecía de capacidad económica para atender a sus "milmillonarias deudas" por otros, Inmobiliaria Alcázar y Geinsa, que atendieron "cumplidamente los compromisos adquiridos", propósito que "nada tiene de delictivo" y menos cuando durante el desarrollo del proceso todos los interesados participaron con sus asesores legales y financieros, dándose a los accionistas del Grupo Moll, "la única solución posible a su crítica situación financiera", reza la sentencia.

Asimismo, la Audiencia de Palma considera que la acusación particular ha fracasado en su intento de acreditar que Galmés, Mascaró, Piguillem y Bautista tramaron la desaparición de la mercantil Royal Resort engañando a sus accionistas para que dispusieran del patrimonio social en ilícito beneficio propio, en agosto de 1993, por lo que procede la "libre absolución de los acusados".

El juicio por el caso Royaltur tuvo lugar los días 7 y 8 del pasado mes de septiembre, tras la denuncia interpuesta por Jaime Moll contra los encausados, a los que hacía responsables de desposeerlo de un patrimonio que en 1993 estaba valorado en 36.000 millones de pesetas. La acusación particular pedía seis años de prisión para cada uno de los encausados, mientras que la Fiscalía defendió que "no hubo delito".

Por ello, tanto el Ministerio Fiscal como las defensas solicitaron durante el jucio la libre absolución de Galmés, ex vicepresidente ejecutivo de la Banca March; Mascaró, ex directivo del banco Antonio Mascaró; Piguillem, ex presidente ejecutivo de Inmobiliaria Alcázar, participada mayoritariamente por Sa Nostra, y Bautista, ex vicepresidente de esta empresa.

No obstante, Moll, asistido por el letrado Rafael Perera, defendió en todo momento que la inmobiliaria Alcázar, que a principios de los noventa atravesaba dificultades económicas, urdió una estrategia para hacerse con su patrimonio, compuesto por 12 establecimientos y 9.000 camas repartidos entre otros en Sa Coma, Muro, Palma y Jerez de la Frontera. Así, a principios de los noventa, el entonces máximo ejecutivo de Banca March, Simón Galmés, recomendó a Moll entrar en contacto con la empresa Alcázar.

Se trata de un caso cuya instrucción, en manos de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha durado más de siete años, a raíz de la querella presentada por Moll para demostrar cómo los cuatro acusados le desposeyeron de su patrimonio. En 1995 los procesados llegaron a vender el patrimonio del hotelero por 2.340 millones de pesetas, cifra muy inferior a su valor real.