GIJÓN/OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha decretado este jueves la libertad provisional con cargos para el propietario de la empresa Ígrafo, Victor Manuel Muñiz Menéndez, y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, tras tomarles declaración toda la mañana.
Ambos tendrán la obligación de presentarse en el juzgado de instrucción que lleva el caso todos los viernes y cada uno cuenta con un plazo de cinco días para hacer el pago de una fianza de 300.000 euros.
Los empresarios fueron detenidos este lunes en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en adjudicaciones. Los otros tres detenidos son el ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre; la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado, María Jesús Otero; y la ex funcionaria del Principado, Marta Renedo, que se encuentran en la prisión asturiana de Villabona por orden de la magistrada, a petición del ministerio fiscal por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales y negociaciones prohibidas para funcionarios.
La titular del Juzgado, Ana López Pandiella, que instruye el caso, planea inhibirse a favor de un juzgado de Oviedo al haberse cometido los supuestos delitos en la capital asturiana, con lo que no sería competente para instruir la causa. La petición ha partido del letrado Miguel Valdés, que representa a Víctor Manuel Muñiz, responsable de Ígrafo y uno de los empresarios imputados.
También este jueves, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el actual consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre, han hablado por primera vez del caso trasladando su afecto a Riopedre y apelando a la presunción de inocencia a la espera de que la Justicia esclarezca los hechos.
Fue este martes, tras conocerse las detenciones de los cinco imputados, cuando se ofrecieron las primeras reacciones desde el Gobierno asturiano de boca de la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, que apuntaba que la detención del ex consejero era "un paso más en el procedimiento judicial abierto contra la funcionaria Marta Renedo tras la denuncia presentada por el propio gobierno en febrero de 2010".
De este modo, la portavoz del Gobierno aseguró que "confían en la Justicia y en el Estado de Derecho" y añadió que en dicho Estado de Derecho los inocentes podrán demostrarlo y los culpables deberán pagar por ello. "El Gobierno y la Administración de Justicia colaboran eficazmente cada uno en su papel para depurar las responsabilidades que puedan producirse", dijo Migoya.
En la misma línea, en la tarde del martes el secretario general de la FSA-PSOE y candidato socialista a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, anunció que se suspende temporalmente de militancia a José Luis Iglesias Riopedre hasta que se determine su inocencia o culpabilidad.
Fernández destacó que no se trata de una trama política, sino de un caso "estrictamente personal" y resaltó que el PSOE garantizará la cooperación y la transparencia con la justicia ante posibles casos de corrupción con una posición "clara" y "ejemplar".
Al hilo de esta investigación, durante los últimos días se han producido tensiones entre PSOE y PP en algunos ayuntamientos asturianos, entre ellos los de Oviedo, Gijón y Avilés, en los que la oposición han solicitado a los equipos de Gobierno que detallen los contratos de los Consistorios con las empresas investigadas.
Tanto Ígrafo como Almacenes Pumarín (APSA) son unas de las empresas de mobiliario y material de oficina más contratadas en la comunidad autónoma, que han mantenido relaciones contractuales tanto con las diferentes administraciones como con organismos autónomos e instituciones como la Universidad de Oviedo.
