El diputado, al que se le prohíbe salir del territorio nacional, asegura sentirse "ni contento ni enfadado"
PALMA DE MALLORCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso Son Oms en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Federico Capó, dictó hoy libertad provisional con fianza de 100.000 euros, frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción, para el ex diputado de UM Bartomeu Vicens, principal imputado en el caso de presunta corrupción urdida en los noventa en torno a la recalificación del polígono palmesano, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999.
Vicens abandonó las dependencias judiciales alrededor de las 12.40 horas en medio de una gran expectación de los medios de comunicación y de los ciudadanos que pasaban en ese momento a las afueras del TSJIB, después de que el magistrado le notificase el contenido de su auto en un acto que duró aproximadamente una hora. El actual diputado del Grupo Mixto deberá abonar en las próximas 24 horas la fianza que le permitirá eludir su ingreso en prisión preventiva.
Asimismo, el auto determina que le está prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial, para lo cual se le requerirá la entrega del pasaporte, que no podrá serle expedido de nuevo mientras dure esta medida cautelar. Vicens también deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en la secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, excepto al coincidir con sábados y festivos, en que deberá hacerlo ante el Juzgado de Guardia.
A su salida de la sede del máximo órgano judicial de las islas, el parlamentario se limitó a indicar a los numerosos medios de comunicación congregados la medida impuesta por el juez, al tiempo que aseguró sentirse "ni contento ni enfadado". Preguntado por si acudirá al Parlament, del que estuvo ausente durante el pleno de hoy, aseveró que sí irá, "pero ya veré cuándo".
En medio de una gran expectación, periodistas y ciudadanos corrieron tras él antes de que abandonase la zona en taxi, mientras una de las personas que se acercaron vociferaba contra Vicens que "el ladrón se merece ir a la cárcel". "Sé solidario, dime dónde está el huerto que no puedo pagar la hipoteca, chorizo", gritó el ciudadano, agregando que "el corrupto que lo pague, soy funcionario del gobierno y no se me caen los pelos. Por eso no me quedo con las ganas de al chorizo llamarle chorizo".
DELITOS QUE SE LE IMPUTAN
En concreto, los delitos por los que Vicens está imputado son los de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y estafa continuada, que podrían suponer una pena de hasta 19 años de cárcel. Es por esta circunstancia que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba prisión preventiva sin fianza, a fin de evitar un posible abandono de la isla por la gravedad de los delitos, o como alternativa cárcel con fianza de 800.000 euros.
Por el contrario, desde la defensa solicitaban libertad para Vicens al alegar que no concurren motivos para que haya riesgo de fuga debido al "indudable" arraigo personal y laboral en Mallorca del ahora diputado.
Fue el pasado 27 de octubre cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso Son Oms, causa procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Cabe destacar que se trata de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pide la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.
En este sentido, el artículo 44 del Estatut de Autonomía señala que la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de un diputado parlamentario corresponderá al máximo órgano judicial de Baleares. Por tanto, los jueces de instrucción pueden iniciar la investigación pero nunca dictar prisión para un aforado.
Estos hechos se producen después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase el pasado mes de mayo una querella criminal contra Vicens así como contra el también miembro de UM Maximilià Morales, y Jaume Montis. El Ministerio público investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
Asimismo, afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que la supuesta testaferro del matrimonio, Elizabeth Diéguez, fue designada administradora única.
