AMPL.- El fiscal pide 65 años de prisión para 21 acusados en el caso 'Ballena Blanca'

MÁLAGA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción presentó hoy ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso 'Ballena blanca' en el que se solicitan 65 años de prisión para 21 personas, entre ellas el letrado Fernando Del Valle, principal acusado en este caso, para el que pide 15 años de cárcel. Además, se solicitan el pago de más de 84 millones de euros de multa.

En el escrito de conclusiones provisionales, entregado al juez por el fiscal Juan Carlos López Caballero y al que tuvo acceso Europa Press, se solicita la apertura de juicio oral y se acusa a 21 personas, seis de ellas españolas, y la mayoría clientes del bufete de abogados, ubicado en Marbella; aunque también hay procesados que son empleados de dicho despacho y dos notarios.

Los hechos que se detallan constituyen 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 de falsedad documental, también continuados; y dos de falso testimonio. Así, a Del Valle se le acusa por todos los delitos de falsedad, por 13 de blanqueo, tres contra la hacienda pública y uno de falso testimonio.

Para este principal acusado, el fiscal estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma conjunta de 12 millones de euros y señala que el letrado había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

Según se recoge en el escrito, de 208 páginas, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.

FORMA DE ACTUAR

El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en los últimos años en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. De hecho, la finalidad perseguida con la constitución de las mercantiles aparecía en la página web de la firma. El sistema consistía en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española.

Por lo general, la persona jurídica extranjera era, a su vez, una sociedad constituida en el Estado de Delaware que, "aunque formalmente no es un paraíso fiscal, posee una legislación muy permisiva en materia de constitución de sociedades, de modo que en la práctica puede asimilarse a la situación que concurre en los paraísos fiscales en cuanto a la opacidad respecto de los últimos beneficiarios y dueños de la inversión".

La sociedad de Delaware, que aparece representada por Del Valle, es la que ostenta el 99 por ciento de las participaciones de la nueva sociedad española que se constituye; mientras que el uno por ciento restante corresponde a la persona física española que concurre al acto de constitución, casi siempre una de las empleadas de confianza del principal acusado, que también está acusada.

Pero, relata el fiscal, el letrado además "va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de un servicio integral llevando él personalmente o a través de personas de su confianza la propia gestión del patrimonio", de forma que la investigación ha puesto de manifiesto "la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos" y que están relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".

Esta condición de tales clientes "era perfectamente conocida, en algunos casos, por Fernando del Valle, así como por sus colaboradores más próximos, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse los fondos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos".

La constitución de los entramados societarios "no hubiera sido posible sin el concurso de algunos notarios que, incumpliendo, reiteradamente, las obligaciones impuestas por las normativas de prevención del blanqueo de capitales, se prestaron a autorizar tales actos", dice el fiscal. Los dos notarios acusados son Álvaro Eugenio Rodríguez Espinosa y María Amelia Bergillos Moretón, a los que se les achaca el presunto blanqueo de 1,4 millones y 650.000 euros, respectivamente, y se les acusa por 10 y por tres delitos de blanqueo.

Asimismo, el fiscal asegura que los beneficios obtenidos por el letrado y principal acusado en la trama con sus actividades "son muy superiores a los declarados" y añade que "para mantener ocultos estos beneficios --no declarados-- se ha valido igualmente de las sociedades de Delaware, de las que él es su titular", entendiendo que éste defraudó a la Hacienda Pública por elusión del pago de tributos al menos tres ejercicios.

El fiscal solicita que se embarguen las cantidades de dinero localizadas en los registros practicados y también los bienes que son propiedad de todos los acusados, entre los que se encuentra una treintena de fincas o inmuebles, 37 vehículos y motocicletas de alta gama, dos aviones y otras tantas embarcaciones de recreo.