MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó hoy al Partido Popular (PP) de buscar su "depuración" a través de una "cruel" campaña de "desprestigio, acoso y desautorización" de su labor "sin precedentes en la historia judicial española" por haber iniciado la investigación de la trama de corrupción 'Gürtel', que "salpica a alguno de sus componentes". El magistrado denuncia la "estrategia" 'popular' en su escrito de alegaciones a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de iniciar los trámites de su suspensión, por la admisión a trámite en el Tribunal Supremo de tres querellas en su contra.
"El partido político afectado por la trama descubierta ha promovido de forma reiterada mi recusación y diferentes denuncias ante este órgano de Gobierno, amén de una querella en el Tribunal Supremo; cuando estas iniciativas fracasaron --porque no había motivo de Derecho para ello-- al parecer se está forzando una nueva estrategia a modo de 'recusatio longa manu' que, a las bravas, termine con mi carrera profesional y, sobre todo, con mi labor en la investigación criminal", afirma.
Garzón comienza sus alegaciones denunciando que todas las actuaciones disciplinarias y penales que se han iniciado contra él se enmarcan "en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos". "No hace falta convocar a la imaginación, ni dejarse llevar por teorías conspirativas, tan del gusto de otros, para apreciar que esas iniciativas contra mí conforman una estrategia coincidente, que pasa por forzar la suspensión de mis funciones", afirma.
El magistrado denuncia directamente que esta campaña comenzó en febrero de 2009 cuando acordó la prisión de los principales implicados en la trama Gürtel y fue "jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales" en acabar con su "carrera y prestigio profesional". Recuerda declaraciones de hace poco más de un año de destacados dirigentes del PP, como el diputado y ex ministro Federico Trillo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. También alude al ex consejero valenciano y vicepresidente del CGPJ Fernando de Rosa.
"RESENTIMIENTO" DE PEDRO J.
Sus declaraciones, afirma, fueron "debidamente aireadas y espoleadas por ciertos medios de comunicación afines ideológicamente a los imputados y con cierta experiencia en campañas denigratorias". En concreto, alude a una "persecución mediática sin precedentes" por el periódico 'El Mundo' por "el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004". Subraya que el director, Pedro J. Ramírez, fue condenado en 2007 por haber atentado contra su honor. "Desde entonces, no deja pasar ninguna oportunidad para buscar mi denigración desde el resentimiento, sin respetar la verdad ni la realidad de los hechos", insiste.
El magistrado alega como prueba de esta campaña que busca el fin de su carrera las "insistentes denuncias y requerimientos al Consejo" para que sea suspendido 'ipso facto' y "sin respetar" su presunción de inocencia ni el de inamovilidad. Como ejemplo, recuerda unas declaraciones de Trillo, al que menciona en varias ocasiones, en las que le instaba a abandonar la Audiencia Nacional acusándole de actuar de forma "parcial, sectaria e interesada" en relación con el denominado caso 'Faisán' que investiga un presunto chivatazo a la banda terrorista ETA.
Garzón responde a estas acusaciones asegurando que es "de sobra conocido" que en su actuación como juez de la Audiencia Nacional "nunca" ha dudado en "investigar y perseguir graves delitos, con independencia de que sus autores pudieran tener una u otra adscripción política o ideológica". "Los que ahora me tachan de partidista se deshacían en elogios hacia mí en el pasado; al parecer, entonces como ahora buscaban sólo su ventaja política", denuncia, para después advertir de que quien actúa así contra un juez se comporta "con una gravedad inusitada" y con un "grave menosprecio hacia la función jurisdiccional".
BUSCAN LA "IMPUNIDAD" DE CONDUCTAS DELICTIVAS
En su opinión, el objetivo de todo este "acoso" no es tanto el cuestionamiento de su persona como el de su labor jurisdiccional, "intentando poner en tela de juicio la regularidad de las instrucciones y, con ello, forzar la impunidad de las conductas delictivas que el Juzgado osó investigar, ya sean delitos en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, ya sea una trama de corrupción relacionada con responsables de un partido político, ya sea la instrucción por supuestas filtraciones de una operación contra ETA".
Denuncia además que esta estrategia no se ha conducido "por la normal vía judicial de los recursos, ni siquiera por la vía disciplinaria", sino por "la vía más gruesa de las querellas por prevaricación" admitidas por el Tribunal Supremo, en contra de la opinión del Ministerio Público y "con una interpretación estrictamente formal del trámite de admisión de querellas".
Insiste en que la interposición de estas querellas van destinadas a "perturbar" su función jurisdiccional acudiendo al hecho de que en todas ellas los denunciantes "se olvidan de terceras personas que habrían participado también en los hechos". Subraya que en la querella por supuesto cohecho no se imputa "al particular que habría entregado la 'dádiva'" y en las acusaciones por prevaricación "se ignora a otros jueces y magistrados" que avalaron o ratificaron sus decisiones.
ACOSO POR "CRUZAR LA LÍNEA ROJA"
Y advierte el magistrado de que mientras no se cierre la puerta abierta en mayo del año pasado por el Tribunal Supremo al admitir a trámite la primera de las querellas, la de Manos Limpias, "es de temer que seguirán llegando querellantes de fortuna --¿o de ventaja?-- que entrarán sin llamar, para cruzar la calle que separa al Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial" y pedir "con apremio" su suspensión 'ipso facto' "por haber cruzado la 'línea roja'" que según ellos nunca debió cruzar.
Aunque admite que no le corresponde en este momento "valorar la intervención del Tribunal Supremo", afirma que cree que "se ha iniciado una nueva interpretación jurisdiccional extensiva respecto a los criterios de admisión de querellas". En cualquier caso, se muestra convencido de que las querellas "serán sobreseídas" o que él será absuelto, porque "los querellantes han actuado de mala fe exponiendo una versión equivocada y tergiversada de los hechos".
Tras hacer hincapié en que "en ninguna de las querellas presentadas existe afectación para el interés público ni se refieren a causas que se estén instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción número 5", el magistrado sentencia que la decisión de suspenderle cautelarmente, antes de la resolución de estas causas, "atentaría contra la independencia del Poder Judicial y contra la garantía de inamovilidad de sus miembros, cediendo del poder mediático y político".
*** "En este escenario --continúa--, no ayuda el hecho de que el Poder Judicial se encuentre bajo la tutela disciplinaria de un Consejo General cuyos vocales han sido nombrados a propuesta de los distintos partidos políticos, entre ellos, precisamente, del partido político que ahora se muestra públicamente a favor de mi depuración por haber investigado una trama de corrupción que salpica a algunos de sus componentes".
** Precisamente, aprovecha para defender que el actual es un buen momento para que el CGPJ "muestre su capacidad para elaborar un discurso propio en defensa de la independencia del Poder Judicial, gravemente cuestionada en este caso, o por el contrario, actúe en la consideración de intereses ajenos".